Abogado de Miguel Uribe se despachó contra la condena impuesta a menor que le disparó al exsenador

Luego de dos semanas de la muerte de Miguel Uribe Turbay, la justicia colombiana emitió una condena a siete años de privación de la libertad contra el menor de edad sicario que disparó contra el precandidato presidencial en el parque El Golfito de Bogotá el pasado 7 de junio.

Varios sectores en el país han considerado que esta decisión judicial fue algo injusta, ya que al principal autor material del crimen se le habría dado muy pocos años de condena.

Frente a esto, Víctor Mosquera Marín, abogado de la familia Uribe Turbay, lanzó un duro cuestionamiento contra la ley con la que se juzgan a los niños y/o adolescentes que cometen delitos en el territorio colombiano.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses“, expresó Mosquera a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

A renglón seguido, el jurista advirtió las consecuencias que traería la sanción de cara a decisiones similares que sucedan en el futuro.

"Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo", alertó en su publicación.

Es de mencionar que en Colombia los menores de edad que son acusados de cometer crímenes son juzgados de una manera diferente a la que se está acostumbrada con los mayores de edad. Por lo tanto, se hacen por medio del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes.

“Los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine”, asegura la Rama Judicial a través de su portal web.

Dentro de este modelo, en todos los procesos judiciales contra adolescentes tiene intervención el fiscal, el abogado defensor, un defensor de familia y el juez.

Si el juez encargado del caso determina que el menor de edad es responsable de los delitos imputados, las sanciones pueden ser: Privación de la libertad, libertad vigilada, reglas de conducta, amonestación, presentación de servicios sociales a la comunidad o medio semi-cerrado.

“Lo que se busca con las sanciones es que el adolescente sea protegido de cualquier violación de sus derechos, que viva un proceso educativo que le permita cambiar su forma de pensar y actuar para que no vuelva a cometer ningún delito y que corrija sus errores reparándole a la víctima el daño que le causó”, enfatiza la Rama Judicial.