El Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Icesi impulsa discusión sobre autonomía territorial

La Universidad Icesi reafirmó su papel como un actor clave en el debate nacional sobre la organización territorial. Con el foro “Territorios con voz: ¿una ley de competencias para cerrar brechas?”, su nuevo Centro de Derecho Constitucional convocó a académicos, legisladores y gobernantes locales para analizar los alcances del borrador del Proyecto de Ley de Asignación y Distribución de Competencias, destacando la importancia de que estos temas se discutan en escenarios universitarios abiertos a la ciudadanía.

Un espacio universitario con impacto en las discusiones públicas

El senador Guido Echeverri, uno de los ponentes del Acto Legislativo 03 de 2024, destacó que el proyecto de ley requiere una lectura crítica que permita comprender su alcance real. Según explicó, la futura ley deberá garantizar transparencia en el manejo de recursos y fortalecer mecanismos como los presupuestos participativos y el acceso a información pública confiable.

Para el legislador, la universidad ofrece un entorno idóneo para contrastar visiones y promover un análisis independiente, a la vez que resaltó la pertinencia de que Icesi asuma un rol activo en la formación ciudadana y en la divulgación de debates constitucionales. En su concepto, la institución posee la solvencia académica para contribuir a una discusión informada sobre la reforma más importante al Estado colombiano desde la Constitución de 1991.

La participación de la academia, señaló, permite que estudiantes y ciudadanos comprendan los criterios que definirán la asignación de competencias y el fortalecimiento institucional de departamentos y municipios.

Icesi apuesta por el debate público

Para el profesor Mario Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de Icesi, la universidad tiene la responsabilidad de traducir discusiones técnicas en un lenguaje accesible para la comunidad. En su intervención, explicó que el Centro nació con la vocación de promover diálogos pluralistas y con un enfoque interdisciplinario que permitan comprender e incidir en asuntos de alto impacto como la autonomía territorial.

Cajas destacó que uno de los principales retos es involucrar a los estudiantes en asuntos públicos que, aunque especializados, inciden en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo territorial. Destacó que el foro se diseñó como un espacio abierto en el que convergen voces diversas para analizar de forma rigurosa los objetivos y desafíos de la reforma.

El director enfatizó que, en un clima marcado por la polarización política, la universidad cumple un rol fundamental al promover espacios de escucha mutua, contraste de argumentos y comprensión pública de los grandes temas constitucionales.

Una mirada académica al desafío territorial

Dentro de las reflexiones del evento, se plantearon inquietudes sobre las inequidades territoriales y el alcance normativo de la descentralización. Para Darío Restrepo, miembro del equipo redactor del borrador y profesor de la Universidad Nacional, la reforma desarrolla el mandato constitucional sobre el cierre de brechas que establece el Sistema General de Participaciones. Subrayó que el proyecto deberá articularse con otras normas – como la planificación territorial, la regla fiscal y los sistemas de financiación – para garantizar que la transferencia de competencias responda de manera efectiva a los mandatos constitucionales.

Restrepo señaló que el éxito de la descentralización dependerá de fortalecer los mecanismos de concertación entre municipios, departamentos y el nivel nacional, evitando que los conflictos de competencias se judicialicen. En su concepto, un Estado más descentralizado es inevitablemente más complejo, y por ello requiere una cultura de acuerdos que permita resolver tensiones administrativas sin generar bloqueos institucionales.

Por su parte, Vanessa Suelt, profesora de la Universidad del Rosario, indicó que las universidades juegan un rol clave en la comprensión ciudadana de la estructura del Estado. Explicó que la asignación de competencias está relacionada con la reducción de desigualdades.

Afirmó que espacios como los promovidos por Icesi permiten reflexionar sobre cómo corregir fallas estructurales en la distribución de recursos y cómo formar ciudadanía capaz de incidir en la calidad de los servicios públicos.