¿La educación en Colombia es un derecho o un privilegio?

La UNESCO establece que la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. No obstante, 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen sin escolarización por razones sociales, económicas o culturales.

Existen muchos debates respecto a qué es o qué debería ser la educación superior en América Latina. Algunos sostienen que es un derecho y que el Estado tiene que garantizarlo; otros defienden que es una inversión que todo individuo debe realizar a futuro. A este debate se suma la falta de cobertura, debido al poco interés e insuficiente inversión por parte de los gobiernos, lo que hace más compleja la generación de políticas públicas.

Ante este panorama, nacen las instituciones financieras que dan créditos para la educación superior, que se encargan de financiar a los estudiantes y suplir las necesidades de ascender socialmente, mientras se promete una mejor calidad de vida.

El caso de Colombia

Para comprender la situación de la educación superior en Colombia, académicos de la institución universitaria Politécnico Grancolombiano realizaron una investigación a través de un marco histórico, teórico, legal y económico sobre la hegemonía de los sistemas de financiación dentro de la educación superior a través del crédito educativo y sus repercusiones dentro de la sociedad latinoamericana. Los resultados fueron presentados en uno de los capítulos del libro ‘Élites, negocios y estructuras del poder en Colombia’, editado por los investigadores Jaime Wilches y Claudia Milena Pico.

El libro tiene el propósito de hacer un llamado para que el uso del concepto de ‘élite’ trascienda a otros campos que también inciden en la sociedad diferente al económico y político, pensados desde las dimensiones culturales, mediáticas y en especial desde la educación. Allí se afirma que: “La educación superior en Colombia y en América Latina se caracteriza por la falta de cobertura y la creciente demanda de estudiantes en los últimos años. Por lo tanto, para suplir estos factores se creó el crédito educativo como una solución”.

La gran conclusión de la investigación es que en Colombia la educación se presenta como un derecho, cuando en la práctica es un privilegio. “En la educación colombiana se presenta segregación, pero no relacionada a la raza, sino con las clases sociales. Por ejemplo, en Bogotá hay un sistema educativo que ofrece sus servicios según el estrato con niveles diferenciales de calidad; asimismo, impone una clase de apartheid educativo donde los ricos estudian solo con los ricos y los pobres solo con los pobres. Por ello, el sistema educativo colombiano no elimina las jerarquías sociales, sino que, por el contrario, las reproduce a tal punto que pasan de ser una cuestión netamente educativa, a un asunto cultural, ya que el problema no solo recae en las ayudas que brinda el estado, sino también en la mala calidad de vida y economía en la que vive más del 20 % de la población colombiana, lo que dificulta el poder garantizar el acceso a una educación de calidad”, explicaron los investigadores del centro educativo.

La educación superior como idea de desarrollo u ascenso social ha ido transformándose a través del tiempo, permitiendo cambios significativos. Uno de ellos es el cambio de concepto de la universidad, que dejó de verse como una élite ilustrada y privilegiada, muy rígida, con escasas oportunidades de acceso, a una idea de ascenso social posible y llena de oportunidades. Pero este concepto se alimenta con la idea de que los créditos educativos suplen esas necesidades de ascender socialmente a través de la educación superior, prometiendo una mejor calidad de vida y posibilidad de ascenso gracias a ella. Fincomercio relevó que el 48 % de los jóvenes, entre los 15 y 24 años y el 26 % del grupo entre 25 y 29 años, participan de algún tipo de financiación para continuar con sus estudios.

Créditos educativos

En Colombia existe una sola institución encargada de aprobar e implementar ciertas leyes, decretos y resoluciones en temas de educación: el Ministerio de Educación Nacional. Esta entidad se encarga de generar vinculaciones de empresas que incentiven el desarrollo en la educación superior. Las instituciones que se encuentran vinculadas con la cartera de educación son el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) e Icetex, adscritas dentro de los marcos legales del Ministerio.

El libro explica que los créditos educativos se convirtieron en un fenómeno que viene desde los años cincuenta con la fundación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), que fue pionero del sistema de crédito educativo en el mundo y tuvo una gran influencia para el desarrollo de estos sistemas en los setenta en América Latina. Desde entonces, los sistemas de financiación del crédito educativo han entendido las nuevas dinámicas y han aprovechado su impacto para consolidarse como una alternativa dentro de la educación superior, por ende, dichos sistemas tuvieron gran acogida en Colombia y Latinoamérica.

Los autores consultados durante la investigación tienen un factor en común: enfatizan en que es importante y necesario para América Latina el crédito educativo, además de fomentar la idea de que cuando una persona pide un préstamo, valora la educación. Aunque varios estudios e investigaciones plantean que los créditos provocan una alta deserción debido a los costos de sostenimiento; otros investigadores afirman que cuando un estudiante recibe apoyo económico, su posibilidad de integrarse en el entorno universitario es más sencilla, asimismo, se reduce la preocupación por la búsqueda de soluciones económicas, lo que permite enfocarse en cumplir los objetivos académicos.

La decisión de acceder a créditos educativos se debe, en gran medida, a la diferencia económica entre las matrículas de una universidad pública y una privada, que puede llegar a ser abismal. En el caso de las instituciones públicas, el costo es variable, pues la manera en la que se mide el valor de la matrícula depende siempre de factores como el estrato de la vivienda en la que vive, los ingresos mensuales de su familia, entre otras, por lo que el precio puede estar entre 30.000 y 8.000.000 de pesos. Caso muy diferente al de las instituciones privadas, en donde los valores de matrícula son fijos y normalmente superiores, todo depende de la carrera profesional que vaya a cursar el estudiante, pues, en el caso de medicina, los valores pueden ser hasta del doble del promedio.

Principales conclusiones

La gran conclusión de la investigación fue evidenciar la manera en que los sistemas de financiación del crédito educativo como élite lograron permear y hegemonizar la educación superior colombiana y latinoamericana durante las últimas décadas, en especial después de los años noventa. Los créditos educativos se convirtieron en la principal herramienta de acceso a la educación superior, una herramienta promovida por los últimos gobiernos.

Los créditos pasaron de ser una alternativa para aquel que quisiera ascender socialmente, a ser una necesidad inmediata para sobrevivir en un mercado más competitivo, que exige un nuevo tipo de estudiantes y un nuevo enfoque dentro de las instituciones de educación superior. La demostración jurídica - normativa expresada a través de leyes, reformas y decretos analizados durante la investigación del Politécnico Grancolombiano, señalan cómo se fue permeando y dando mayor control a los sistemas de financiación dentro de la educación superior.

Cabe resaltar que, aunque en general este sistema ha funcionado, hay un panorama preocupante debido al endeudamiento progresivo que han tenido las universidades ante instituciones bancarias y financieras para poder sustentar temas de infraestructura, matrículas, currículos, entre otros. Además, la educación financiada por instituciones bancarias reproduce los síntomas de exclusión que se han vivido históricamente en el país, lo que llega a afectar a los estudiantes al momento de consolidarse en la vida profesional, pues las empresas y también el sector público tienen un prejuicio de cuáles son las universidades que están dentro del concepto elitario y cuáles son las universidades donde los profesionales van a ejercer cargos medios o cargos de rangos muy básicos.

Los investigadores proponen que el Estado y las instituciones de educación superior privadas deberían articular propósitos que estén orientados al cambio de la Ley 30 de 1992 para que se contemplen las condiciones globales que se demandan y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y cómo transfieren ese conocimiento en su desempeño laboral y profesional.

Por otra parte, hace falta que las universidades inviertan en los retos globales como: la transformación digital, la innovación social y la democratización del conocimiento para que la educación logre llegar a distintos sectores de la sociedad y no se reproduzcan condiciones de desigualdad.

“Finalmente, es necesario seguir investigando de manera crítica en temas de educación superior para comprender cómo está el panorama después de pandemia, contemplando temas de cobertura, calidad, infraestructura, pero también los retos que existen frente a la educación en escenarios globales”, concluyeron los autores.