Mesa de salario mínimo analizó la situación económica, pero los gremios aún no hacen su propuesta de aumento

Siguen sin conocerse las propuestas formales de empresarios y trabajadores, avanza la discusión del salario mínimo para el 2026 en la mesa de concertación laboral y salarial, convocada por el Gobierno.

Luego de cuatro horas de discusión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó en rueda de prensa que durante la jornada de la mañana de este martes se conocieron datos actualizados del DANE, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, que servirán de base para la definición del incremento del próximo año.

El viernes pasado, el DANE reveló que la inflación anual, en noviembre, llegó a 5,3 %, lo que representa una leve caída, luego de que durante este semestre su tendencia hacia la reducción se había frenado, contrario a lo que se esperaba.

Expertos han advertido que un aumento demasiado alto en el salario mínimo del próximo año podría provocar una tendencia alcista en la inflación, que no ha podido recuperar sus niveles anteriores a la pandemia del Covid-19.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aventuró hace unas semanas que el aumento del salario mínimo para el 2026 sería del 11 %, lo que provocó el rechazo de los gremios, pues sus declaraciones convertían la mesa de concertación del salario mínimo en una mera discusión de trámite.

El ministro Sanguino no quiso anticipar este martes una cifra que respaldaría el Gobierno hasta que se conozcan las propuestas de empresarios y trabajadores. Se espera que en el transcurso de esta semana se conozcan las propuestas formales de las partes, pues hay plazo hasta el 15 de diciembre para fijar el salario mínimo del próximo año por concertación.

La semana pasada, desde las centrales obreras y sindicatos, según información revelada por la Revista Semana, esperan que la cifra alcance las dos cifras, incluso una fuente declaró a este medio que exigirán un incremento del 16%.

Entre tanto, los empresarios manifestaron que la cifra no puede superar el 7 % de incremento, alegando sobrecostos y desincentivo en las contrataciones, así como afectaciones a la economía, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas.

El ministro Sanguino enfatizó que se deben tener en cuenta las cifras recientes del Dane y los postulados de la OIT, “junto con el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario (sentencia T-426 de 1992) y que el ajuste nunca sea inferior a la inflación anterior (sentencia C-815 de 1999), que animaran las decisiones progresistas por venir”.