Las trabas que frenan el proyecto de la regasificadora del Pacífico

Las alarmas sobre un posible desabastecimiento de gas natural para los años 2025 y 2026, lanzadas por los diferentes agentes del sector energético en el país, siguen vigentes.

Si bien desde el 2016 Colombia viene importando el energético para cubrir en particular la demanda de las térmicas, la disminución de las reservas nacionales y la poca exploración de hidrocarburos, ha agudizado la situación que podría tocar a los hogares.

De ahí que se haya revivido la necesidad de generar proyectos que garanticen la confiabilidad del sistema, entre ellos, la regasificadora del Pacífico, iniciativa que ha tenido varias trabas por las que no ha sido posible su ejecución.

Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial de Buenaventura, señaló que por tercera ocasión (luego de dos intentos fallidos) el Gobierno Nacional prepara la licitación pública internacional para instalar la planta regasificadora en Buenaventura, lo que daría la posibilidad de importar Gas Natural Licuado, GNL, por el suroccidente del país.

Según dijo, desde hace más de cinco años los estudios realizados por los diferentes gobiernos han identificado que el país va a tener déficit de gas para cubrir las necesidades de los sectores industriales y residenciales.

“Este proyecto (la planta) es de vital necesidad e importancia. Seguir dependiendo -el suroccidente- del gas que se nos suministra desde la costa Caribe, continuaría representando un mayor costo, por lo que significa el transporte vía gasoducto desde la costa Atlántica”, precisó.

Aclaró que algunas de las trabas para poner en marcha la regasificadora han sido las dificultades con las comunidades en las consultas previas, teniendo en cuenta que su potencial ubicación estaría generando algunas inquietudes a las poblaciones afro.

En esa misma línea, María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, explicó que tener una planta regasificadora implica que se pueda comprar gas en el mercado internacional y traerlo para el mercado interno.

Según afirmó, la inversión en la obra es de alrededor US$925 millones e implica no solo la construcción de la planta sino también el gasoducto entre los municipios de Buenaventura y Yumbo.

“Esto generaría no solo una reducción de costos para el suroccidente colombiano, sino además confiabilidad, porque todo el gas que viene al suroccidente llega del norte del país y, como vimos el año pasado, cualquier cosa puede suceder y no hay cómo tener redundancia. Por eso, es tan importante”, reiteró Ulloa.

Entre tanto, Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific, recordó que hubo dos intentos, por parte del Gobierno Nacional, de licitar este proyecto en años anteriores.

Sin embargo, resultaron fallidos primero, por la misma propuesta que presentaba la Nación, en las condiciones de la licitación. “Se hacía casi que imposible para un inversionista privado asumir los riesgos que se pretendían dentro de las concesiones”.

Pero también, la complejidad de hacer un gasoducto que viniera desde Buenaventura y se pudiera conectar en algún punto del municipio de Yumbo, precisamente por los problemas relacionados con las consultas previas a las comunidades y las licencias ambientales.

“La semana pasada tuvimos una llamada con el Ministerio de Minas y Energía, en la que nos manifestaron que dentro del plan que tiene la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética) y el Ministerio de habilitar puntos de importación de gas, están considerando nuevamente sacarla a licitación en el 2025 para que la planta esté operando en el 2030″, indicó Castro.

Adicionalmente, se han planteado algunas iniciativas privadas para el desarrollo de un gasoducto.

Según ProPacífico, la planta tendría una capacidad de refinación de 400 millones de pies cúbicos por día y abastecería a todo el país, teniendo en cuenta que la demanda diaria en el Valle del Cauca es de 80 millones de pies cúbicos.

Colombia consume, en promedio, 1.100 millones de pies cúbicos.

Más flexibles

Germán Jaramillo, director de Fedy (Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo), afirmó, a su vez que “hoy más que nunca el suroccidente colombiano necesita una planta regasificadora en Buenaventura. Nosotros pagamos el gas más caro del país por estar en la cola del sistema”.

Por eso, planteó como solución para destrabar la construcción de la regasificadora, que el Gobierno cambie la modalidad del proyecto, es decir, que tanto la planta como el gasoducto, sean proyectos independientes.

“Estamos proponiendo una alianza público – privada en la que participen los municipios del corredor del gasoducto y puedan tenerse en cuenta las comunidades. Esto con el fin de reducir la incertidumbre y los tiempos de trámite. Separar el gasoducto de la convocatoria para la planta”, sostuvo.

Asimismo, propuso que se incorpore a la financiación, tanto de la planta como del gasoducto, un porcentaje del cargo por confiabilidad de las térmicas, en un esquema similar aunque no igual, a como se hizo la planta regasificadora del Caribe.

“Como se sabe fue un acuerdo con las térmicas de la región que le ha ahorrado al país mucho dinero”, recordó Jaramillo.

Anotó que las dos convocatorias del Gobierno han fracasado, en parte, porque el riesgo de construcción del gasoducto se traslada al inversionista y “en general, cualquier inversionista donde le condicionen una fecha para terminar de construir un gasoducto, en el que hay incertidumbre de los trámites ambientales y en el tema de consultas previas con las comunidades, esto hace que ese riesgo no haya cómo asumirlo”.

De igual forma, Francisco José Lloreda, quien hasta el año pasado fuera el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, aseguró que el desafío de las plantas para importar gas natural licuado, GNL, es quién pone la plata. “Un privado va a hacer cuentas y calculará que de pronto en seis años, habrá gas de sobra, y si logrará recuperar la inversión. Lo anterior entendiendo que por lo menos toma dos años construir la planta, sea en el Pacífico o en el Atlántico. Y más, si toca construir un gasoducto, con la extorsión de las consultas previas. Lo anterior sugiere mecanismos más flexibles”, recalcó.

En ese sentido, destacó que “son inversiones costosas, que salvo que el Gobierno las construya o ponga la plata, toca recuperar la inversión vía tarifa de gas. Y no hay claridad de parte del Gobierno”, puntualizó.