Contraloría hizo llamado al Gobierno para que recorte gasto en el Presupuesto de 2026

La Contraloría sentenció que al Gobierno no le queda otro camino que recortar $ 16,29 billones del presupuesto de 2026, una consecuencia inevitable tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, que obliga a ajustar las cuentas para evitar un desequilibrio fiscal insostenible.

El organismo de control fiscal detalló el escenario numérico que dejó al Ministerio de Hacienda sin margen de maniobra. El Congreso aprobó un presupuesto para el próximo año con una disparidad estructural: mientras los gastos ascienden a $546,9 billones, los ingresos asegurados solo suman $530,7 billones. Esa diferencia, que pretendía ser cubierta con la fallida reforma tributaria, quedó en el aire.

Ante este panorama, la entidad señaló que al Ejecutivo “solo le resta el camino del recorte del gasto” para cerrar la brecha, aunque reconoció la dificultad técnica de la operación debido a que el 92% del presupuesto presenta “fuertes inflexibilidades” que lo hacen prácticamente inmodificable.

La estructura del gasto para 2026, según explicó la Contraloría, está amarrada en su mayoría a gastos de funcionamiento, que consumen el 65,5% del total ($358,1 billones), seguidos por el servicio de la deuda con un 18,4% ($100,4 billones) y una inversión reducida al 16,1% ($88,4 billones).

A pesar de la rigidez presupuestal, el ente de control enfatizó que el Gobierno tiene alternativas distintas a paralizar la inversión social. La Contraloría sugirió poner la lupa sobre los costos operativos del Estado.

“Un análisis minucioso por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos”, indicó la entidad, apuntando a una reducción de la burocracia y los gastos no esenciales.

Asimismo, planteó la posibilidad de realizar “operaciones para el manejo de la deuda” que permitan liberar caja sin incumplir las obligaciones crediticias, pues Colombia ha mantenido históricamente un cumplimiento estricto en estos pagos y el recorte no debería afectar dicha credibilidad.

Lo que sí exigió la Contraloría de manera tajante fue proteger a la ciudadanía de los efectos de la austeridad.

“Es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales”, recalcó el organismo, advirtiendo que un ajuste mal diseñado podría generar desequilibrios fiscales a largo plazo.

Más allá de la falta de dinero, la Contraloría lanzó una dura crítica a la capacidad de gestión del actual Gobierno, cuestionando los bajos niveles de ejecución presupuestal observados en los últimos años. Para el ente fiscal, el Ministerio de Hacienda debe “mejorar la eficiencia” y superar los pobres resultados recientes.

Ineficiencia en la ejecución

Más allá de la falta de dinero, la Contraloría lanzó una dura crítica a la capacidad de gestión del Ejecutivo, cuestionando los bajos niveles de ejecución presupuestal observados en los últimos años.

Para el ente fiscal, el Ministerio de Hacienda debe “mejorar la eficiencia” y superar los pobres resultados recientes.

Las cifras reveladas por la entidad mostraron un rezago preocupante en la inversión. En 2024, el Gobierno solo comprometió el 83,1% del presupuesto total, pero en el rubro específico de inversión la cifra cayó a un precario 57%.

La tendencia negativa se mantuvo en la vigencia actual. Con corte al 15 de diciembre de 2025, y faltando apenas dos semanas para terminar el año, la ejecución de inversión se situó en un 52,8%, un porcentaje que la Contraloría calificó como preocupante.

Para mitigar el impacto del recorte, el organismo instó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a acelerar su modernización y fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión como mecanismo para aumentar el recaudo efectivo sin crear nuevos impuestos.

Finalmente, la Contraloría exigió que la cirugía al presupuesto se haga de cara al país. “Es esencial realizar el recorte del gasto de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados”, concluyó la entidad, solicitando claridad sobre los criterios y prioridades que definirán dónde se aplicará la tijera.