Tribunal argentino decide si anular o empezar un nuevo juicio por la muerte de Maradona

La justicia argentina decidirá este jueves si el proceso que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona debe anularse y empezar de nuevo, tras la recusación de una de las juezas por participar en un documental no autorizado sobre el caso.

La fiscalía, los denunciantes y la mayoría de los abogados defensores pidieron el martes que se designen tres nuevos jueces y se reinicie el proceso, que busca definir si la muerte del astro del fútbol en 2020 fue un homicidio.

Si el tribunal concede el pedido, quedarían anuladas las 20 audiencias celebradas desde marzo, en las que declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las tres hijas de Maradona.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona debido a un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica. La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión.

La jueza Julieta Makintach se apartó del caso el martes tras el escándalo desatado por su participación en una serie documental sobre el caso, grabada parcialmente en el tribunal de San Isidro, a 30 Km al norte de Buenos Aires, donde ocurre el proceso. La grabación se hizo sin conocimiento de las partes. Imágenes y guiones de la serie fueron exhibidos en una audiencia el martes y la jueza renunció inmediatamente.

“Hay que hacer un nuevo juicio. A veces hay que dar un paso para atrás para poder dar dos para adelante”, afirmó el miércoles en una entrevista uno de los fiscales de la causa, Patricio Ferrari.

“No podemos convalidar que los actos que hizo la jueza recusada sean válidos. Esto podría generar después la impunidad”, explicó a Radio La Red. El fiscal pide que “se conforme un nuevo tribunal” de tres magistrados y que el juicio se reanude “este año”.

Hasta que estalló el escándalo, el juicio se desarrollaba a razón de dos audiencias semanales y se preveía que se extendería hasta julio.

El pedido de la fiscalía obtuvo el respaldo de todas las partes excepto de dos de las siete defensas, que proponen reemplazar a la magistrada con un nuevo juez y continuar el proceso. La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires licenció a la jueza tras el escándalo y el caso fue derivado a una comisión de Disciplina del Poder Judicial.