Los puntos clave de la reforma a la ley 30 que proponen las universidades públicas

Para el año 2022 las universidades públicas tienen garantizado un aumento en su presupuesto correspondiente al dato anual de la inflación más 4,5 puntos porcentuales, lo que les da cierta tranquilidad a estas instituciones.

Sin embargo, para el 2023 la situación es distinta y se corre el riesgo de que el presupuesto se reduzca.

Por esta razón los diferentes rectores del país y directivas del Sistema Universitario Estatal (SUE) impulsan un proyecto para mantener el crecimiento de los recursos, que llegan a estas instituciones, muy por encima de la inflación anual.

Para socializar y discutir la iniciativa de aumentar estos dineros, la Universidad del Valle convocó ayer una reunión con rectores del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío, Caldas y todo el Suroccidente colombiano, directores del SUE y congresistas.

De acuerdo con Édgar Varela, rector de la Universidad del Valle, la iniciativa que se tiene es reformar algunos artículos de la Ley 30 para mejorar el financiamiento de las instituciones.

“Se trata de un proyecto de ley para que se aumenten de manera permanente los dineros que transfiere el Estado a las universidades públicas en un nivel de 4,6 % y 6,6 % durante los próximos 20 años de acuerdo con lo que decida el Congreso”, cuenta el directivo, quien recordó que Univalle este año cuenta con $680 mil millones, de estos la Nación aporta $300 mil millones.
​
Al respecto, Varela precisa que con el Gobierno de Iván Duque “ya habíamos hecho un acuerdo que va hasta el 2022, que nos permite recibir 4,5 puntos adicionales a la inflación de aumento en el presupuesto, lo que ha sido muy importante para ayudar a financiar el déficit. Pero ese acuerdo se acaba el próximo año. Y nos parece importante poder tener durante un tiempo más largo recursos adicionales semejantes o superiores vinculados a mayores compromisos como más cupos”.

Asimismo, el Rector de Univalle resalta que lo ideal es que “se transfiera más recursos públicos del Estado central a las universidades para que hagamos nuestra tarea, no quiere decir que nosotros no producimos dinero. Aproximadamente aportamos un 45 % de los recursos del funcionamiento y lo seguiremos haciendo, pero esperamos que se pueda garantizar un crecimiento importante y permanente en el presupuesto”.

Lea además: Mas ahorro, menos derroche: el impacto de la pandemia en la economía de los vallecaucanos

En este sentido, Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, asevera que las universidades públicas han crecido por encima de lo que la Nación les ha transferido. Es decir que con el incremento de cobertura y actualización de tecnologías, las instituciones han tenido que invertir en infraestructura, laboratorios, pago de maestros, entre otros gastos que superan los recursos que el Estado proporciona. “Eso significa que tenemos un desfinanciamiento estructural que lo hemos suplido a través de ingresos propios -venta de servicios-, el 50 % de los recursos con que hoy funcionan las universidades públicas en Colombia son recursos propios. Ese 50 % equivale al año a $3,5 billones que hemos dejado de recibir”, asegura Torres.

Al respecto, Fernando Noreña, coordinador de la comisión de vicerrectores presupuesto del SUE, precisa que esta reforma que se propone a la Ley 30 pretende solucionar los temas estructurales de desfinanciamiento que tienen las universidades públicas, porque como bien lo explica, “en años pasados se han otorgado recursos por parte del Gobierno que han sido importantes, entraron a aliviar a todas las universidades en sus problemas, pero no en el problema estructural que las mismas tienen”.

Puntualmente lo que se requiere reformar son los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres, explica que el actual mecanismo de transferencia que está en el artículo 86 de la mencionada ley es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el cual la Nación fija el incremento del presupuesto. “Nosotros hemos crecido 5 puntos por encima de ese indicador, eso es lo que nos tiene hoy en un déficit estructural que ha llevado a las universidades públicas a generar los recursos faltantes para funcionar”.

Por ello, agrega, “lo que estamos planteando es usar el Índice de la Canasta Educativa (ICE) que reemplazaría el IPC, y este nuevo indicador involucra componentes que no tiene el actual mecanismo de transferencia como es la vinculación de 3 mil nuevos profesores en los próximos 10 años, la ampliación de cobertura en 120 mil cupos, que se asuma la producción científica de los profesores y vinculación de personal administrativo”.

De llegarse a aprobar dicha reforma de la Ley 30, “este nuevo indicador ICE le va a permitir a la universidad pública estar estabilizada en su crecimiento, garantizar calidad, cerrar brecha entre una y otra universidad”, dice Torres.

En consecuencia, advierte que si la reforma no se da “la Universidad Pública está condenada a un desfinanciamiento que va ser insostenible y se tendrá una nueva parálisis como sucedió en el segundo semestre del 2018”.

La iniciativa la están socializando los directivos de las Universidades para que cuando se presente el proyecto en el Congreso este pueda generar el mayor respaldo posible y logre su aprobación.

Las universidades públicas del país hace 30 años contaba con 170 mil estudiantes aproximadamente, hoy en las 33 instituciones de educación pública que tiene Colombia hay 620 mil estudiantes, lo cual significa más profesores de planta, trabajadores administrativos, ampliación de infraestructura física, técnica, tecnológica y por ende la necesidad de contar con recursos financieros.

De lograrse la modificación de la Ley 30, se beneficiarían directamente los estudiantes, es más con esta propuesta “aspiramos poder crecer 120 mil cupos más en los próximos años para que se dé un aumento de cobertura en calidad y beneficie a más de 700 mil personas jóvenes, cerca de 40 mil profesores, y 35 mil funcionarios administrativos en todo el país”, sostiene el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela.

Por su parte, Fernando Noreña, coordinador de la comisión de vicerrectores presupuesto del SUE, dice que de modificarse la ley 30 se “pondría un freno de mano al hueco fiscal de las universidades públicas”.