¿Cómo se financiará la nueva reforma tributaria?

La reforma tributaria que presentará el Gobierno Nacional la próxima semana al Congreso de la República pretende recaudar $15,2 billones para el año 2022.

Esta vez no se tocará el impuesto del IVA ni de renta para las personas naturales, es decir las condiciones para los que pagan estos dos tributos seguirán igual como hasta ahora. Tampoco se tocará la renta de los pensionados.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reiteró que la construcción del proyecto de Inversión Social o reforma tributaria se ha hecho en consenso con diferentes grupos de la población y de todo el territorio nacional y busca responder a tres objetivos básicos: brindar más apoyo a las familias más vulnerables del país, dar ayudas a los micro y pequeños empresarios e impulsar el empleo en los jóvenes con subsidios a las organizaciones, entre otras herramientas.

Según el Ministro, el primer esfuerzo vendrá del Gobierno Nacional con una política de austeridad en el gasto público que representará entre el 15 % y el 20 % del recaudo de este proyecto de ley, por ejemplo, controlando gastos en telefonía, viajes, publicidad, viáticos, entre otras erogaciones no esenciales.

Unidos a esto, se harán nuevos esfuerzos en la lucha contra la evasión fiscal, con más instrumentos, adicionales a los que ya tiene la Dian. Entre estos dos puntos se aspira a alcanzar el 40 % de los ingresos proyectados.

Mientras que el 60 % de los recursos restantes que se esperan recaudar los pondrá el sector empresarial.

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Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, reiteró que el sector privado está dispuesto a ese mayor aporte para que “Colombia mantenga la sostenibilidad fiscal y social. Hago un llamado para unirnos, para que tengamos un sentido de Nación y convocamos todos los esfuerzos para generar reactivación y generar empleo”.

“Reconocemos la importancia de este proyecto para la inversión social en el país. Esperamos que el Gobierno logre sacar adelante una propuesta que genere consensos e incentive la solidaridad industrial sin debilitar a las empresas. Vemos con buenos ojos que no se aumenten impuestos a los servicios públicos y que se siga protegiendo los subsidios para las familias más necesitadas”, dijo Andrés Sarmiento, presidente (e) de Naturgas.

Empresarios, alcaldes, gobernadores y congresistas mostraron su respaldo al proyecto de inversión social presentado ayer.

El proyecto contempla un aporte solidario en renta del 35 % por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022.

Actualmente el impuesto de renta para las compañías es del 31 % y se proyectaba bajar al 30 % en el 2022, pero ahora, con la reforma, la tarifa volverá al 35 %. Se estarían recaudando $6,7 billones con este ajuste.

El descuento que se hacen los empresarios del impuesto del ICA, cuando pagan renta, no será del 100 % sino del 50 %. Esto dejaría un recaudo de unos $3,9 billones.

La reforma tributaria introduce un proceso de normalización para 2022, es decir se dará otra oportunidad para que los que no han declarado bienes lo hagan en mejores condiciones.

Se plantea, además, una extensión de la sobretasa de renta de 3 puntos para el sector financiero hasta el año 2025. Se espera que dicho impuesto aporte al recaudo $392.000 millones.

De acuerdo con el Ministro de Hacienda, estas medidas, que ya tienen consenso entre empresarios y gremios, permitirán un recaudo de nos $11 billones en 2022.

El proyecto de Inversión Social o reforma tributaria contiene un plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Dicho plan incluye una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.

De igual forma, las transferencias a cargo de la Nación se reducirán sin afectar las de seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.

También se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.

Con el plan antievasión se espera recaudar $2,7 billones. Para ello se otorgarán facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida. Se crea el sistema de información georreferenciada para detectar el valor real de los inmuebles declarados.