Solicitan medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencia de género en el Catatumbo

Colprensa

Este jueves, 6 de febrero, la Procuraduría solicitó a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, y al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, activar las rutas de atención y adoptar medidas urgentes de prevención y protección de las víctimas de violencia de género en el Catatumbo, en medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa la región en el contexto del conflicto entre grupos al margen la ley.

Según explica el comunicado emitido por el Ministerio Público, esta decisión “se dio luego tras conocer la petición de un colectivo de mujeres en la cual solicitan intervención en materia de protección y seguridad“, ante los riesgos que enfrentan en la zona.

En respuesta, la Procuraduría exigió a las autoridades departamentales y municipales, mantener informada a la entidad acerca de las acciones desplegadas para salvaguardar la vida e integridad de las víctimas.

"Los destinatarios de las comunicaciones deberán informar las rutas de atención seguidas y las medidas de emergencia adoptadas para garantizar la vida e integridad de estas mujeres víctimas de la violencia." se lee en el documento.

Esta intervención del Ministerio Público se enmarca entre las competencias constitucionales y legales del organismo de control. Esto, con el objetivo de ejercer vigilancia superior sobre la gestión de las autoridades públicas en asuntos de prevención y protección de derechos.

También hizo énfasis en su compromiso con la defensa de la mujeres y señaló que, a través del Centro de Atención al Público (CAP), ubicado en su sede central, ofrece orientación y asistencia en casos de violencia de género.

La disputa por el control territorial en el Catatumbo ha venido en escalada desde el segundo semestre del 2024. La situación de orden público se ha visto gravemente afectada por los intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, grupos al margen de la ley que, desde inicios de este año, han adelantado ataques que atentan contra la seguridad de los pobladores de esta zona del país.

Según cifras oficiales, hasta el 3 de febrero las autoridades reportaron 53.361 personas desplazadas, principalmente a los municipios de Cúcuta (24.435), Ocaña (10.228) y Tibú (13.373).

Además, se conoció del asesinato de 52 personas, entre ellas dos líderes sociales, cuatro menores de edad y cinco ex combatientes que habían firmado el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno en noviembre de 2016.

También se estima que más de 30.900 personas permanecen confinadas, resguardándose de los combates.