Procuraduría presiona a la JEP para que impute al secretariado de las Farc por abuso sexual infantil: “Existen bases suficientes”

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) modificar la imputación de cargos contra los exintegrantes del secretariado de las Farc al considerar que su responsabilidad en los delitos de violencia sexual contra menores de edad no debe limitarse a una figura de mando omisivo, sino a una autoría directa y sistemática de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

En un documento de 38 páginas dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Procuraduría concluyó que existió una política interna en las Farc orientada a ejercer control absoluto sobre los cuerpos, la intimidad y la sexualidad de niñas y niños, y que dicha política fue determinada desde la cúpula de la guerrilla.

Según el ente de control, los seis excomandantes del Secretariado, como autores mediatos de estos crímenes, mediante una estructura jerárquica que permitió su ejecución sistemática.

“La forma de participación atribuida a los miembros del Secretariado, como coautores mediatos en aparatos organizados de poder, debe ser reemplazada por la de autoría mediata comunta”, pidió el Ministerio Público en el documento.

Asimismo, explicó que “existen bases suficientes para entender que los exintegrantes del Secretariado fungieron como autores mediatos conjuntos dentro de un aparato criminal organizado de poder, para materializar y ejecutar una política de facto —y no formal— de coerción física y psicológica en contra de niños, niñas y mujeres mayores de edad. Esta política estaba dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad, y a través de ella se cometieron los actos de abuso sexual”.

El órgano de control también sentenció que hay evidencia de que también se cometieron crímenes como violación sexual de niños y niñas, asesinato y desaparición forzada de neonatos, persecución de pueblos étnicos y traslado forzoso de la población.

El texto advierte que existen testimonios de víctimas que identifican directamente a exjefes guerrilleros como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo y Hernán Darío Velásquez en hechos de violencia sexual. Hoy en día, Catatumbo y Gallo son senadores de la República.

Además, el Ministerio Público señaló que en las Farc existieron mecanismos de anticoncepción forzada aplicados incluso a niñas de 12 años, con el objetivo de evitar embarazos derivados de violaciones. Esta práctica, de acuerdo con la Procuraduría, fue parte de un ataque sistemático que afectó los derechos reproductivos de las menores, en el contexto de su sometimiento sexual.

El informe también contradice la versión ofrecida por varios excomandantes, quienes han afirmado que los casos de violación eran castigados con consejos de guerra. Según la Procuraduría, no hay pruebas documentales que acrediten tales sanciones, y, en cambio, se evidencia la existencia de impunidad estructural frente a estos crímenes.

Otro de los puntos abordados por el documento tiene que ver con el asesinato de recién nacidos en campamentos guerrilleros. Según la Procuraduría, la JEP clasificó estos hechos dentro del fenómeno de anticoncepción forzada, lo que resultaría en la invisibilización de los delitos.

La JEP deberá ahora valorar la solicitud de la Procuraduría y definir si modifica los cargos imputados al antiguo secretariado de las Farc o mantiene su decisión inicial.

*Con información de Colprensa