Procuraduría investiga a Ministerio del Interior y a la Policía por uso de avión para transportar influencers

La Procuraduría General de la Nación ordenó este miércoles la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, y de la Policía Nacional.

El Ministerio Público busca esclarecer si en la suscripción y ejecución de un convenio interadministrativo que regula el uso de aviones oficiales adscritos a la Policía, se presentaron irregularidades que permitan el traslado de personas no autorizadas en esas aeronaves.

La investigación se concentra en el vuelo del pasado 20 de mayo hacia Barranquilla, en el que se transportó una comitiva integrada por varios influenciadores y personas cercanas al Gobierno, quienes supuestamente cubrían el cabildo abierto que realizó el presidente Gustavo Petro, en el paseo Bolívar.

Asimismo, el ente señaló que según lo que reportaron varios medios de información, se estarían “utilizando los aviones de la fuerza pública para transportar a funcionarios e invitados afines a su ideología a distintas partes del país”.

Según la Sala de Instrucción Disciplinaria, esta acción podría constituir un uso inadecuado de recursos públicos si no se ajustó a los fines misionales establecidos.

El convenio que permite el uso de aviones oficiales fue firmado el 21 de febrero del año en curso y está vigente hasta diciembre de 2025.

De acuerdo con lo dicho por el subdirector de la Policía Nacional, general Rosemberg Novoa, este contrato busca atender requerimientos logísticos y operacionales del Ministerio del Interior y su equipo, y se encuentra dentro de los once convenios interadministrativos activos de la institución para fortalecer su capacidad aeronaval.

Por su parte, el ministro Benedetti, aseguró que el uso del avión se respaldó en un convenio vigente de casi 20 años que “alquila” aeronaves a la Policía para funciones misionales, y que las personas que viajaron fueron autorizadas por el Ministerio.

El jefe de la cartera política agregó que el traslado incluyó funcionarios y personas vinculadas a la seguridad del evento, y que la decisión de usar la aeronave policial respondió a razones logísticas y de disponibilidad.

Paralelamente, la Contraloría General solicitó información detallada al Ministerio del Interior y la Policía sobre la titularidad de la aeronave, la lista de pasajeros, costos del vuelo y el sustento administrativo que autorizó la operación.

La actuación disciplinaria que abrió la Procuraduría busca determinar la existencia de posibles conductas irregulares y si hubo causal para excluir responsabilidades, para lo que decretó la práctica de pruebas y la recopilación de documentos.