Procuraduría emitió advertencia a gobernadores y alcaldes para garantizar continuidad en el servicio de energía

La Procuraduría General de la Nación hizo una solicitud a los gobernadores, alcaldes distritales y municipales, y entidades descentralizadas a adoptar acciones en corto y mediano plazo para mitigar de manera inmediata los riesgos en la prestación del servicio de energía, esto con el propósito de garantizar su continuidad en las regiones.

El ente de control recordó que es una obligación legal el pagar oportunamente los servicios públicos y advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento.

Además, hizo énfasis en la necesidad de que las administraciones territoriales incorporen en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con el pago del servicio de energía y, de esta manera, evitar afectaciones a la ciudadanía.

La entidad recordó “el deber legal que les asiste de cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos, en sus municipios o distritos, incorporando en los presupuestos las partidas correspondientes y hacer las apropiaciones necesarias para cumplir con tal fin”.

La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de este organismo instó a las autoridades departamentales y municipales a participar en mesas de trabajo, con el propósito de concertar acuerdos de pago y explorar alternativas viables que permitan asegurar a la ciudadanía la prestación del servicio.

Según señaló la Procuraduría, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 142 de 1994, , se establece que el “incumplimiento en el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades oficiales, en calidad de usuarios, constituye una causal de mala conducta”; es decir, de no pagar los servicios públicos, las entidades oficiales podrían verse implicadas en una falta a la adecuada conducta.

Asimismo, advirtió que el incumplimiento de esta norma podría acarrear sanciones disciplinarias conforme al Código Disciplinario.

Finalmente, el Ministerio Público resaltó la importancia de tener en cuenta el decreto de conmoción interior, el cual podría impactar el suministro eléctrico en el Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta en Norte de Santander y en Río de Oro y González, en Cesar.

Los problemas financieros que se presentan entre las empresas distribuidoras de este servicios y las deudas que les tiene el Gobierno Nacional, han incrementado el riesgo de apagones en el país.

El pasado jueves, 6 de febrero, el Consejo Intergremial de Energía aseguró que el Ministerio de Hacienda se comprometió a pagar un billón de pesos de subsidios, correspondientes a la vigencia del 2024, para las empresas encargadas de brindar este servicios.