Procuraduría alerta por amenazas del Clan del Golfo contra trabajadoras de SuperGiros y exige respuestas al Gobierno

Ante la escalada de violencia de la que han sido víctimas un gran número de trabajadoras de la empresa SuperGiros, por parte del Clan del Golfo, y que a su vez ha llevado al cierre de más de tres mil puntos físicos en el Caribe, la Procuraduría General de la Nación alertó al Gobierno Nacional sobre la situación y le pidió explicaciones frente a lo que está sucediendo.

En una misiva dirigida al ministro de Defensa, Iván Velásquez, al comandante de la Policía y al comandante general de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público les solicitó información sobre cuáles han sido las acciones que han llevado a cabo para mitigar esta situación.

Según se lee en los primeros párrafos del oficio, para la Procuraduría resulta preocupante el avance del accionar delictivo del Grupo Armado Organizado denominado Clan del Golfo, “que según información proveniente de medios de comunicación, habría forzado eI cierre de más de 3000 locales de la empresa SuperGiros, en toda la región Caribe”.

En ese sentido, el ente de control destacó que, de acuerdo a la información obtenida, dicho grupo criminal, a través de actos violentos, intimidación y amenazas, ha forzado a los trabajadores de esta empresa a cesar actividades.

Esta situación ha generado “no solo un daño económico y operacional al grupo organizado, sino a las comunidades que hacen uso de los diferentes servicios que ofrece esta compañía”, sostuvo el oficio.

Y continuó la Procuraduría en su tesis, “la acción criminal del Clan del Golfo, no solo vulnera los derechos a la libre asociación y empresa de SuperGiros, sino también los derechos al trabajo y a la integridad personal de sus trabajadores así como los derechos al mínimo vital y a la seguridad de la población de la costa Caribe”.

Tras lo enunciado anteriormente, el Ministerio Público recordó que, según reza la Constitución Política en su artículo 218, es deber del Ministerio de Defensa mantener las condiciones necesarias para que los derechos y las libertades públicas se cumplan a cabalidad, al igual que para asegurar que quienes habitan Colombia puedan vivir en paz.

Del mismo modo, mencionó el artículo 9 de la Ley 1801 de 2016, el cual dispone que las autoridades deben garantizar el ejercicio legítimo de los derechos y libertades constitucionales.