Presidente Duque le pidió a la JEP abrir un macrocaso por los crímenes a la Fuerza Pública

Abrir un macrocaso por los crímenes que cometieron las Farc a la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado es la petición que realizó Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en medio de la presentación del libro ‘Aporte a la Verdad: Contexto de la Fuerza Pública para la Memoria Histórica’.

En este libro, los integrantes de las diferentes fuerzas armadas de Colombia cuentan desde su perspectiva lo que vivieron durante el conflicto que vivió el país.

De los 9’231.436 víctimas del conflicto, 403.352 pertenecen a la Fuerza Pública. “Sufrieron también en carne propia los actos despreciables, violentos, inhumanos y degradantes de las Farc”, dijo el presidente Duque.

"Un macrocaso de esas condiciones es tan importante como cualquiera de los que ustedes han decidido abrir. Son muchas las madres de nuestros héroes, que los despidieron algún día en las brigadas, en los batallones y que nunca los vieron regresar. Son muchas las viudas, los hermanos y los hijos que nunca supieron de sus padres luego de haberlos visto en esas jaulas de la infamia", expresó el Mandatario.

Desde 2017, las autoridades han entregado cerca de 80 informes sobre la forma en la que se están violando los Derechos Humanos por parte de los grupos armados ilegales en el país.

A su vez, Diego Molano, ministro de Defensa, aseguró que le preocupa que tras cinco años desde que se firmó el acuerdo de La Habana “y faltando 10 años de su implementación, los reflectores se estén dirigiendo hacia la Fuerza Pública y no en los verdaderos victimarios”.
Añadió que a partir del 2017, se han entregado cerca de 80 informes acerca de la forma en la que se están violando los Derechos Humanos por parte de los grupos armados ilegales.

Frente a las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidos contra miembros de la Fuerza Pública, el libro explica que entre 1970 y 2010, se reportaron en el país 39.058 víctimas de secuestro de los cuales 1643 fueron militares.

Los secuestros realizados, según el informe entregado, sirvió a los grupos armados ilegales como un medio de retaliación por las operaciones que desarrollaba el Gobierno y para realizar intercambios humanitarios.

En cuanto a la desaparición forzada, se presentaron 6408 casos en las Fuerzas militares. La mayoría de ella fueron perpetradas por las Farc, seguido por el ELN.

El año en el que más se produjeron fue en 1998 debido a la presión que ejercía la guerrilla para acelerar los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

También añaden que desde el 2003, según cifras de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, este delito se volvió a agudizar como respuesta a la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

El Gobierno Nacional considera necesario poder abrir un macrocaso ante la JEP para los militares por la crudeza que también vivieron desde la Fuerza Pública los hechos del Conflicto Armado.

Según datos del informe, 7112 militares y policías resultaron afectados por minas antipersonales en el país, de los cuales el 79,81% quedaron heridos y 20,19% murieron. El mayor número de víctimas se concentró en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá y Norte de Santander.

Señalan que el uso de estos explosivos obedeció a la existencia de un plan emanado de la más alta dirección de las organizaciones ilegales. Su objetivo era evitar la persecución cuando ocurrían combates, retrasar el desplazamiento de las tropas para evitar la captura de algún cabecilla. “En estos casos, los grupos armados tenían conocimiento de los lugares donde transitaban las tropas”, dice el libro.