Nuevas normativas transforman el uso de perros en empresas de seguridad privada en Colombia

En una decisión sin precedentes para la protección animal en Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estableció nuevas condiciones laborales para los perros que prestan servicio en empresas de seguridad privada.

La medida, sustentada en la reciente Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025), busca garantizar el bienestar de estos animales que, hasta ahora, trabajaban en muchos casos sin límites de horario ni supervisión sanitaria.

De acuerdo con la nueva resolución, las jornadas laborales de los caninos deberán ajustarse a un máximo de 6 a 8 horas diarias, dependiendo de la función que cumplan.

Los perros entrenados para la detección de sustancias como narcóticos o explosivos solo podrán trabajar hasta seis horas al día, mientras que los dedicados a defensa controlada o acompañamiento tendrán permitido un máximo de ocho horas.

Según explicó Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, estas medidas se adoptan, debido a que, “antes se documentaron casos de perros trabajando días enteros sin descanso ni control sanitario adecuado, lo cual la nueva resolución busca corregir”.

Además de limitar las jornadas, la Supervigilancia exige que las empresas que emplean perros en sus operaciones renueven anualmente las autorizaciones correspondientes.

Lo que quiere decir que, este proceso deberá incluir certificados veterinarios que acrediten la salud, entrenamiento y aptitud de los animales.

Asimismo, los registros de horas de servicio, rutinas y condiciones de vida también deberán mantenerse actualizados y estarán sujetos a inspecciones periódicas.

¿Por qué se creó la Ley Lorenzo?

La resolución responde a una serie de hechos que habían encendido anteriormente, las alarmas sobre el trato a los perros de seguridad. Uno de los casos más recordados es el de ‘Limonar’, un can que murió asfixiado en 2023 en el sector de Fontibón mientras cumplía labores de vigilancia.

Su muerte evidenció las falencias en la supervisión de las condiciones laborales de estos animales y motivó parte del debate que derivó en la creación de la Ley Lorenzo, la cual fue inspirada por Lorenzo, un perro que sufrió maltrato en el 2022.

Retiro e implementación de tecnología a largo plazo

La nueva norma también impone a las compañías el deber de garantizar un retiro responsable para los perros una vez culminen su etapa de servicio. Las empresas deberán contar con planes de bienestar y respaldo financiero que aseguren la manutención y cuidado de los animales retirados, evitando que queden en situación de abandono.

Al respecto, el superintendente Álvarez señaló que, a largo plazo, el propósito es avanzar hacia una sustitución tecnológica progresiva de las funciones que hoy desempeñan los caninos en seguridad privada.

“Mientras ese tránsito ocurre, la prioridad será asegurar que estos animales trabajen en condiciones dignas y acordes con su bienestar”, afirmó.

Cabe aclarar que la regulación aplica exclusivamente a empresas privadas, ya que los perros pertenecientes a la Policía Nacional y el Ejército cuentan con programas especializados de entrenamiento y protección.