JEP ordenó exhumar 46 cuerpos de desaparecidos en Caldas, que podrían ser de indígenas

Luego de una solicitud de medidas cautelares hecha por la JEP, se realizó la exhumación de 46 cuerpos de personas no identificadas en el cementerio El Carmen de Riosucio (Caldas), que podrían pertenecer a indígenas Emberá Chamí del Territorio Ancestral de San Lorenzo, ubicado en ese departamento y que fueron reportados como desaparecidos.

Esta decisión se dio durante la audiencia de seguimiento a las órdenes que emitió la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que se llevó a cabo el 4 y 5 de diciembre en el Centro de Pensamiento José Edilberto Gañán del Resguardo Indígena de San Lorenzo.

Al respecto, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de investigación y Acusación (UIA) informó que estos cuerpos quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Medicina Legal para llevar a cabo las labores técnicas y establecer la plena identidad de los cuerpos.

Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, manifestó que en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) se tienen reportes de al menos 200 personas desaparecidas en el conflicto armado en los municipios de Riosucio y Supía, lugares donde se encuentra ubicado el resguardo.

Según explicó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se tomó la decisión de la exhumación debido a varios retos que tienen las entidades, como la falta de identificación de los cuerpos o la no coincidencia con la zona donde la víctima fue desaparecida. Además, la JEP exigió a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas elaborar en cuatro meses una estrategia de tomas de muestras biológicas en lugares apartados de Colombia, particularmente en territorios étnicos.

“La decisión se tomó teniendo en cuenta que de los 46 cuerpos exhumados solo se han identificado 4. Para avanzar en la identificación de los demás, las instituciones necesitan avanzar en la toma de muestras biológicas para hacer los cotejos de ADN. Por eso, la Sección le ordenó que acudan a lugares apartados, entre ellos los territorios étnicos, para que sea allí en donde se tomen las muestras biológicas a familiares y se diligencie el reporte por desaparición, como una estrategia real de acercamiento institucional a las víctimas”, expresó la JEP.

Además del Instituto Colombiano de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP ordenó a la Gobernación de Caldas y a las alcaldías de Riosucio y Supía dar el apoyo requerido por dichas instituciones en la fase de implementación de la estrategia. La orden exige registrar reportes de desaparición en el SIRDEC, a fin de recolectar información complementaria que ayude a establecer la identidad de los cuerpos no reconocidos.

Por este mismo hecho, la JEP abrió incidentes de desacato al gobernador de Caldas, Luis Velásquez Cardona, y a los alcaldes Marco Londoño Zuluaga, de Supía, y Marlon Tamayo Bustamante, de Riosucio, quienes incumplieron con la orden emitida en septiembre del 2022 de apoyar logísticamente unos recorridos que tenían el propósito de garantizar la integridad, conservación y protección de los quince sitios de interés forense protegidos por las medidas cautelares.

“Para nosotros la sanción no es un objetivo en sí mismo, el objetivo de nosotros es que se cumplan las acciones en pro de las víctimas. Es justo señalar que algunas entidades registraron el cumplimiento parcial de sus obligaciones, pero no alcanza a satisfacer plenamente sus responsabilidades”, señaló la magistrada María del Pilar Valencia durante la audiencia llevada a cabo en el Resguardo Indígena de San Lorenzo, Caldas.

Con información de Colprensa.