Colombia
Gobierno Nacional publicó informe que muestra las inconsistencias en los reportes de servicios prestados por las EPS
El presidente Gustavo Petro compartió los resultados del estudio como respuesta a las quejas por ajuste de la UPC.
La Presidencia de la República publicó este domingo, 5 de enero, los resultados y conclusiones de un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que sirvió para contrastar y calcular el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que para el 2025 quedó definido en 5.3%; un porcentaje criticado por insuficiente desde los gremios de las EPS, aseguradoras y algunas asociaciones de usuarios.
“Este análisis reveló inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con serias implicaciones para la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud”, señaló la Presidencia en un comunicado.
Entre las anomalías halladas en los reportes presentados por las EPS, que fueron contrastados por el Ministerio de Salud y ADRES, evidenciaron incrementos injustificados en algunos servicios médicos, demandas elevadas de procedimientos que no se corresponden con la población de pacientes, capacidad instalada o de personal médico; casos de atenciones registradas a nombres de personas fallecidas, medicamentos sin registro sanitario y otros procedimientos a costos que superan el promedio.
Según el estudio del Gobierno Nacional, “la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%)”.
Al respecto, plantean que “estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general”. Señalan que no hay coherencia entre incrementos tan elevados y poca capacidad operativa.
De hecho, estas cifras fueron compartidas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde afirmó que “los datos enviados para las EPS muestran, contundentemente, el intento de engañar al gobierno y a la sociedad para extraer más recursos públicos”.
En su publicación, Petro señaló que las EPS “en sus datos presentaron 23.000 consultas de personas que habían fallecido antes. Se incrementaron las visitas domiciliarias en un 100% cuando no aumento sino un 3% el personal en salud. Los gastos en tratamiento del cáncer aumentaron un 52% cuando solo habían aumentado en todos los años anteriores un 4%. Hay incrementos en costos de medicinas hasta de un 1.000%”.
“El cálculo inicial valorando las irregularidades nos da 250.000 millones de más”, indicó Petro.
También comentó que “la mayoría de las EPS no enviaron datos”, y que “la ley establece que si hay demasiada inconsistencia en los datos la UPC aumenta como la tasa de inflación causada”.
Estos datos enviados para las EPS muestran, contudentemente, el intento de engañar al gobierno y a la sociedad para extraer más recursos públicos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2025
En sus datos presentaron 23.000 consultas de personas que habían fallecido antes.
Se incrementaron las visitas domiciliarias en un…
En el comunicado de la Presidencia, además, revelan que hay “falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS”.
En su mensaje, Petro terminó refiriéndose a las críticas por el aumento que su Gobierno estableció este año para la UPC, “La avalancha en redes y prensa, contra el aumento de la UPC, demuestra que hay más una defensa corporativa de las utilidades privadas de las EPS, que una defensa del interés general y el erario”.