Fiscalía embarga multimillonarios bienes de Emilio Tapia y Karen Abudinen por el caso de Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación avanzó este 22 de diciembre en la ofensiva judicial por el escándalo del contrato de Centros Poblados, al imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que estarían vinculados al patrimonio de Emilio Tapia, la exministra de las TIC Karen Abudinen y otros presuntos implicados en el entramado de corrupción. Los activos afectados fueron avaluados en más de 65.900 millones de pesos, según informó el ente investigador.

De acuerdo con la Fiscalía, las medidas incluyeron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre propiedades localizadas tanto en zonas urbanas como rurales de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

La decisión se adoptó tras el avance de una investigación financiera que permitió rastrear el origen de los recursos con los que habrían sido adquiridos los bienes.

El ente acusador precisó que entre los activos ocupados se encuentran predios, parqueaderos, establecimientos de comercio y acciones en sociedades, los cuales pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.

Estas personas han sido señaladas dentro del proceso penal relacionado con las irregularidades en la ejecución del contrato destinado a llevar conectividad a zonas rurales del país.

Según la Fiscalía, los bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso de contratación, así como del millonario anticipo que recibió de manera irregular la Unión Temporal Centros Poblados. La investigación sostiene que esos recursos, en lugar de destinarse al objeto contractual, habrían sido utilizados para incrementar patrimonios personales.

Dentro de esta actuación judicial, el organismo también adoptó una medida relevante contra un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe.

En este caso, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio explicó que la decisión se tomó “en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República”, relacionadas con el mismo contrato.

La Fiscalía señaló que el análisis financiero permitió identificar una maniobra compleja en la que, presuntamente, se mezclaron bienes de origen lícito con recursos ilícitos, con el fin de ocultar o dar apariencia de legalidad a los dineros desviados.

Asimismo, el ente investigador indicó que las empresas que conformaron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumentos para facilitar la comisión de las irregularidades contractuales.

Las medidas cautelares se aplicaron bajo las causales jurídicas de equivalencia, mezcla y destinación, debido a la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados del erario.

Con estas figuras, la Fiscalía busca afectar bienes que representen el valor de los dineros públicos que no han podido ser plenamente rastreados.

El objetivo central de esta operación, explicó el ente acusador, es proteger y recuperar los recursos públicos que estaban destinados a la instalación de 7.277 centros digitales en instituciones educativas rurales de 16 departamentos del país, un proyecto que buscaba cerrar la brecha de conectividad y garantizar acceso a internet en zonas apartadas.