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Defensoría pide al Tribunal de Cundinamarca acelerar toma de decisiones sobre caso La Mojana para proteger a la población
Según Carlos Camargo, es necesario proteger los derechos de aproximadamente 500 mil personas afectadas por el rompimiento del dique.
La Defensoría del Pueblo radicó un memorial de impulso procesal ante el Tribunal de Cundinamarca, con el fin de que el ente judicial acelere su toma de decisiones sobre el caso de La Mojana, una subregión del norte del país afectada desde agosto del 2021.
De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, la Defensoría interpuso una acción popular hace cuatro meses, pues aproximadamente 500 mil personas de 40 mil familias que viven o vivían en esa zona del país resultaron afectadas por inundaciones originadas por el rompimiento de un dique.
“Lo que buscamos como institución garante de los derechos es que el Tribunal acelere la toma de decisiones, máxime que hace cuatro meses interpusimos una acción popular para que los derechos e intereses colectivos de unos 500.000 habitantes de esa subregión del norte del país sean protegidos”, indicó.
La acción popular se radicó en contra de los ministerios de Ambiente y Agricultura, la Unidad de Gestión de Riesgo y el Fondo de Adaptación. El Tribunal notificó que admitió el recurso, pero hasta ahora no ha brindado ninguna respuesta, ni frente a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría ni frente al fondo de la acción popular.
Como subregión, La Mojana es una zona que recoge a 11 municipios de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba. Se vio impactada en agosto de 2021 por el rompimiento del dique ‘Caregato’, que se ubicaba en San Jacinto del Cauca (Bolívar) y contenía las aguas del río Cauca.
La Defensoría denunció que desde entonces las inundaciones han afectado la vida de las personas y los medios de subsistencia de las personas campesinas, debido a que la agricultura y la ganadería se dañaron.
Sus viviendas también resultaron afectadas, lo que llevó a muchas víctimas a desplazarse del lugar. ”La situación de las comunidades de La Mojana es crítica, con graves afectaciones a sus derechos humanos, tales como los derechos a la vida, salud, alimentación y vivienda. Resulta imperativo implementar medidas integrales para proteger a los afectados”, declaró Carlos Camargo.
En septiembre de este año, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció una inversión de más de $129 mil millones para el dique y para el Canal de la Esperanza. Con las obras se espera desviar el 80% del río Cauca para reducir las probabilidades de desbordamiento.
Colprensa y redacción de El País
