Creg pide a la Ministra de Minas actuar con "rigor" en intervención de tarifas de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) envió una carta a la ministra de Minas, Irené Vélez, expresando su preocupación sobre el nuevo decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro, para regular los precios tarifarios de la energía durante tres meses. 

El Gobierno Nacional asumirá las funciones delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y las de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). 

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Cabe resaltar que esta decisión se tomó con el fin de estabilizar los precios de los servicios públicos.

A finales del año pasado, comerciantes de Barranquilla hicieron llamado a la desobediencia civil para no pagar los servicios de la energía porque, según afirmaban, estaban impagables. Voceros del sector pedían a la Creg congelar, vía resolución, el incremento de las tarifas.

En consecuencia, el Gobierno adelantó en ese tiempo un marco regulatorio para reducir el valor de las tarifas y, aunque no lo logró, sí pudo ponerle freno a la tendencia al alza. 

En respuesta a la última decisión tomada por el Gobierno de asumir la responsabilidad en los precios tarifarios, la Creg le envió una carta a la ministra de Minas en la que le advirtió sobre las consecuencias que podría traer la medida, pidiendo "rigor técnico"  frente a las decisiones que se tomen. 

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“Un llamado respetuoso a actuar con absoluto rigor técnico, analizando el problema que se aborda con base en evidencias, identificando sus causas y sus efectos, observando el fundamento de acciones que efectivamente tengan impacto en los niveles tarifarios, y valorando con la profundidad requerida los riesgos de una decisión inoportuna o no suficientemente valorada”, dice la carta de la Comisión. 

Además, la entidad señaló que los altos precios de la energía no son consecuencia de la falta de cumplimiento de los entes reguladores sino resultado del aumento en los costos de inversión, producto de la inflación. 

“Una intervención de tarifas por fuera del esquema creado desde 1994, con certeza afectará las obligaciones de prestación del servicio y modificará intrínsecamente las condiciones de remuneración, con su consecuente efecto en la continuidad, calidad y demás derechos de los usuarios del servicio; no solamente en el corto plazo, sino que afectará la sostenibilidad de los sectores que se intervengan y, directamente, la confianza para realizar inversiones en el sector”, se lee también en la misiva.