Condenan a ingeniero que subió a internet secretos de la Fuerza Aérea

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 72 meses de prisión por el delito de espionaje contra el ingeniero Luis Alberto Luengas Calle al comprobarse que reveló indebidamente secretos militares.

Según explicó el alto tribunal, Luengas Calle publicó en internet un archivo de Excel con las direcciones IP de los radares y del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana. La acción dejó expuesta la seguridad nacional ante posibles ciberataques y obligó al Estado a millonarias inversiones para mitigar el daño causado por esta filtración de película.

La historia de esta infiltración comenzó entre los años 2018 y 2019 cuando la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá subcontrató a la firma Ona Systems S.A.S. para instalar herramientas de ciberseguridad en la institución armada y esta última empresa designó a Luengas Calle como ingeniero de soporte.

Al tener acceso a las entrañas tecnológicas del sistema el contratista recibió información confidencial que compiló en un solo archivo denominado “Estaciones de trabajo Fac”.

El caso dio un giro inesperado en octubre de 2018 cuando el ingeniero publicó la base de datos en los portales de acceso libre Scribd y Edoc desde un usuario llamado “Alberto Calle”.

El documento contenía más de cinco mil registros con nombres de equipos, usuarios y sistemas operativos de las terminales asignadas a radares, altos mandos y al Centro de Comando y Control. Durante el juicio oral se demostró que el archivo registró 14 descargas y 108 visualizaciones en la red.

El nivel de exposición resultó tan alto que los propios militares lograron evadir los filtros de seguridad institucionales durante una prueba de concepto para dimensionar el daño.

El Mayor Juan Manuel Rodríguez López explicó en el estrado que la información divulgada estaba directamente relacionada con la seguridad nacional “porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas”.

El oficial agregó que este panorama amplio servía a “cualquier hacker que pretenda vulnerar los sistemas de la Fuerza, comprometiéndose así la defensa del Estado”.

Por su parte el General en retiro Henry Quintero Barrios precisó que los radares constituyen el sistema de alerta temprana frente a incursiones aéreas y el centro de comando es el “cerebro” de la fuerza.

El alto oficial aseguró que comprometer este factor ponía en riesgo la seguridad del país tanto en su componente civil como en el militar.

Aunque la defensa del acusado argumentó que los datos por sí solos no permitían estructurar un ataque cibernético y que no se probó la entrega del material a un país enemigo, la Corte Suprema de Justicia desestimó estas afirmaciones.

El máximo tribunal determinó que la legislación actual castiga el simple riesgo a la seguridad del Estado sin importar si existe un destinatario específico de la filtración.

El fallo concluyó que el contratista actuó con dolo al violar de forma consciente la cláusula de confidencialidad que firmó al asumir su cargo.