Candidata a la Asamblea de Antioquia se pronunció sobre el polémico video en el que pidió votos desde la cama

Desde hace varios días, la candidata a la Asamblea de Antioquia por el Partido Verde, Catalina Jaramillo, ha estado en el ojo del huracán por un polémico video en el que aparece desde una cama junto a un hombre afirmando que tiene múltiples orgasmos y que voten por ella en las próximas elecciones.

Tras lo anterior, la candidata afirmó: “Se filtró sin mi autorización, no hice el video para hacer campaña política (...) El video debería tener marca de agua si fuera para campaña”, puntualizó a medios de comunicación la aspirante departamental.

En el video que se volvió viral en las redes sociales, la candidata afirma: “Hola, hoy su candidata a la Asamblea por el Partido Verde, número 74, se levantó muy feliz. Amorosamente, se levantó con muchos orgasmos. Pasó una noche de luna llena espectacular, pidiendo porque esta Asamblea sea toda una realidad para las mujeres y para el campesinado. Así que no olvides, vota por la Asamblea, Partido Verde, la del girasol, número 74. Adiós”.

El equipo de prensa de Catalina Jaramillo ya había asegurado que no se trata de un video público en medio de la campaña, sino que, por el contrario, hacen parte de la vida privada de la candidata.

Elecciones 2023: ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que no se suspenderán en ninguna parte, pese a amenazas de grupos armados

La Defensoría del Pueblo ha reiterado la falta de garantías para la realización de las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre próximo. Esta advertencia ha sido respaldada por alcaldes y gobernadores, quienes han urgido la toma de medidas por parte del Gobierno nacional.

De acuerdo con la Defensoría, 399 municipios en el país presentan un nivel de riesgo extremo y alto en relación con posibles incidentes violentos que puedan afectar el proceso electoral. Estos hallazgos han sido revelados en la Alerta Temprana 030 del año 2023, que detalla el mapa de riesgos y los factores generadores de violencia. Sin embargo, la administración del presidente Gustavo Petro sostiene que se han establecido todas las garantías de seguridad necesarias para la celebración de las elecciones.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció al respecto el día jueves, enfatizando: “Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ninguna parte de Colombia”.

En medio de este contexto, se llevó a cabo otra sesión de la Comisión de Garantías Electorales, donde participan todas las instituciones del Estado. Durante esta reunión se examinó minuciosamente la implementación de los planes destinados a fortalecer la seguridad de las elecciones de octubre. No obstante, es relevante destacar que este encuentro estuvo marcado por el aumento de la inseguridad en el país y la creciente actividad delictiva.

Las ciudades con riesgo extremo identificadas son Arauca, en el departamento de Arauca; Florencia, en Caquetá; Quibdó, en Chocó; Neiva, en Huila; Cúcuta, en Norte de Santander; y Bogotá, en cuatro de sus localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

El equipo de la Defensoría del Pueblo también ha identificado que 286 municipios se encuentran en riesgo alto, 184 en riesgo moderado y 93 en riesgo bajo, lo que, sumado a los municipios en riesgo extremo, totaliza 676 municipios que han sido alertados en 2023. Esto representa un incremento del 39 % en el número de municipios en riesgo en comparación con las elecciones regionales de octubre de 2019, es decir, 274 municipios adicionales.

El seguimiento realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, circulación o intervención de grupos armados ilegales como una fuente de amenaza para las comunidades y el proceso electoral.

Entre los grupos más relevantes se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las Farc y diversas organizaciones del crimen organizado. Todos estos grupos han ampliado su presencia en un 56 % en diferentes regiones del país y han diversificado sus fuentes de financiamiento ilegal.