Baudó vuelve a sonreír con los negocios verdes

Alfredo sonríe mientras con ambas manos simula el movimiento que se requiere para encender la motosierra. Con ella talaba árboles para extraer madera y venderla. Luego, con los dedos extendidos forma un diez en el aire y dice que esos son los meses en los que ni siquiera le ha puesto gasolina al aparato porque ahora se dedica al cultivo de peces, y los árboles que cortaba, ahora los siembra. Sonríe feliz.

Se mueve ágil entre estanque y estanque para echar comida al agua. Ya tiene cuatro llenos con trucha negra y plateada, en total tiene sembradas 2.750. Señala un terreno a pocos metros, rodeado por un cerco de alambre. Dice que lo dejó separado porque allí va a sembrar árboles que garanticen sombra y que repongan los que tumbó antes. “La naturaleza nos da y hay que ser agradecidos”, dice, acariciando a Ranger, un perro de ojos amarillos y orejas largas del que, cuenta, nunca se aleja de su lado.

A unos kilómetros de allí, Jesús María cuenta una historia similar: también talaba el bosque, pero ahora es un comerciante de pollos de galpón. Igual que Alfredo, él está en la zona de Baudó, Chocó, y tiene una vida nueva, además de los pollos, compró unas gallinas ponedoras, así que vende huevos más baratos que los de las tiendas. De vez en cuando regala un par de aves a los vecinos para armar un sancocho al lado del río.

Ya no quiere ni pensar en la vida que tenía antes, cuando iba arrasando el bosque para hacer lo del diario. “No era fácil porque es un trabajo físico fuerte, que se hace a sol o lluvia, allá afuera es peligroso, siempre está la posibilidad de una caída, de que un animal le provoque a uno una herida”. Tras una pausa, añade con amargura que eso no es lo peor, lo peor es que era una labor destructiva, basada en herir a la naturaleza sin contemplación.

Y es que esta zona del Chocó, ubicada a 120 kilómetros de Quibdó y a la que se llega luego de un buen trayecto de carretera destapada, es uno de los lugares de Colombia que más impacto recibe de la deforestación por cuenta de las actividades humanas, en especial las ilegales.

La minería irregular y el narcotráfico se han ensañado con este territorio, al menos, desde 1990. La falta de presencia estatal deja a las comunidades de manos atadas, obligadas a someterse al mandato de las motosierras que son usadas para mutilar el bosque con el fin de abrir paso a sembrados de coca y marihuana, además de máquinas para extraer oro y agricultura a gran escala.

Según datos de la Policía Nacional, entre 2016 y 2021 se intervinieron 499 minas irregulares, además se destruyeron 146 dragas y 44 retroexcavadoras que estaban afectando las aguas del río Baudó. La última cifra oficial de deforestación que se conoce la publicó IDEAM en julio de 2021 y que corresponde a la pérdida total de bosques detectada durante 2020. En total en el país se deforestaron 171.685 hectáreas, lo que significa un 8 % más que en 2019. En Chocó hubo 8.485 hectáreas que representan 4,9% del total nacional.

Aunque las cifras son dramáticas, el Chocó es, de hecho, uno de los pocos departamentos en donde se presentó una reducción en la afectación al bosque, según las mediciones. Mientras que en 2019 fueron 11.457 las hectáreas derribadas, en 2020 bajaron a poco menos de 8.500 en 2020, como lo mostró el IDEAM.

Alfredo y Jesús María han contribuido a ese objetivo. Ellos hacen parte del consejo comunitario de Río Pepé, vecino del consejo comunitario de ACABA, este último con su territorio titulado distribuido en Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Río Quito y Cantón de San Pablo.

Desde 2016 y con el acompañamiento del modelo REDD+ apoyado por el Programa Páramos y Bosques de USAID, la comunidad ha recibido apoyo económico y técnico, y además se ha capacitado en la protección del territorio y en la reducción de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera por cuenta de las actividades humanas.

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La iniciativa REDD+ estimula la protección de bosques tropicales, a través de la venta de bonos de carbono del bosque -a mayor cantidad de bosques protegidos, mayor cantidad de carbono que no se lanza a la atmósfera por cuenta de la deforestación y la degradación, ese carbono, no emitido adquiere valor comercial-. Como alternativa a las familias que se dedican a la deforestación se impulsan proyectos agrícolas sostenibles y se buscan mercados.

El proceso en la zona ha sido progresivo y evidente. La venta de créditos de carbono ha generado presupuesto para inversión. De allí, justamente, vinieron los recursos para los peces de Alfredo y los pollos de Jesús María. Pero esos son apenas dos de los proyectos impactados.

En Puerto Meluk, la cabecera urbana de Medio Baudó, Carlos Córdoba, gerente de la comercializadora fundada con recursos de REDD+, mira hacia el río y explica que todas esas lanchas atiborradas en el muelle antes estaban llenas de madera. Ahora están rebosantes de plátano. Pero hay más: con los recursos de la venta de los bonos, se conformó una comercializadora local que se encarga de negociar las raciones de plátano a precios competitivos y de buscar oportunidades de negocio y venta.

Carlos está contento porque justo tuvo una reunión en Bogotá para comercializar chips de plátano, algo nunca antes visto allí. Por eso es que ya andan rodando planes para ampliar la sede física de la comercializadora, el objetivo es poder emplear el nuevo espacio como bodega y así mejorar los procesos de tratamiento del plátano y reducir los tiempos de transporte. Por eso sonríe.

Un destino similar está teniendo la bija, un colorante natural para los alimentos, que se extrae de la semilla de achiote, para el cual se construyeron dos centros de acopio, uno de ellos en Puerto Meluk, para almacenar y distribuir semilla seca orgánica. Para 2022, la idea es fortalecer 100 hectáreas de achiote para que los pobladores de la zona de Baudó puedan tener ingresos de uno de los cultivos más comunes y cercanos a su tradición.

“El achiote ha estado por generaciones en las comunidades negras, en todas las casas hay una planta sembrada. Además, está muy vinculada a las mujeres cabeza de hogar. Por eso queremos fortalecer este cultivo, para que sea una herramienta para que se empoderen las comunidades”, dice sonriente Eduardo Palacios, gerente de proyectos de REDD+.

Lo mismo pasa con el cacao, con el arroz, con la miel. La idea es que sea un fruto de la región, que lo puedan explotar los que viven en la zona. Jefferson Quinto, coordinador regional del proyecto, dice que ese es el secreto del éxito: que todos los proyectos son socializados en el consejo comunitario y se trata de involucrar a todos los pobladores.

“Es un trabajo conjunto, de comunidad, en el que todos construimos alrededor de nuestras fortalezas”. Mientras Jefferson habla, Félix lo saluda desde un vehículo, es un familiar, que va con unos plátanos para vender. Ya no tiene que agregar nada más, de eso se trata, de que todo es de la comunidad, para la comunidad. Todos son familia.

Los beneficios también son intangibles, aunque igual de poderosos. A orillas del río Baudó, en donde cada enero se celebra el Festival del Agua, un evento que reúne a la comunidad para celebrar con conciertos y carnaval, Mariluz Valencia Saavedra, presidente del Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de Río Pepé, CONCOMARPE, dice que el hecho de liderar proyectos ha sido una reivindicación inesperada para ella y otras mujeres víctimas de la violencia.

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“Muchas de nosotras fuimos golpeadas por la violencia, fuimos abusadas sexualmente, fuimos desplazadas y amenazadas. Con esto tenemos la oportunidad de trabajar por la comunidad, de liderar proyectos, de lograr nuestros objetivos y nos permite empoderarnos”. La mayoría de la junta directiva de CONCOMARPE está compuesta por mujeres.

El proyecto además ha fortalecido los lazos entre el consejo del Río Pepé y ACABA. Justo en ese punto en el que está Mariluz, se construyeron varios kioskos para recibir a turistas y a los vecinos. Allí se pueden prender fogones para cocinar, también se instaló una tarima para artistas y hay planes de levantar cabañas para alojar huéspedes. En estas iniciativas trabajan los dos consejos.

Hay otros proyectos para este 2022. Otro es el de una granja integral autosustentable donde habrá un vivero para sembrar distintas plántulas locales y entregarlas a las comunidades para que las siembren. La idea es que, además, sirva como centro de investigación académica.

Y se cuentan varios más como el arroz Baudó, la emisora, el equipo de fútbol. Todos ellos son resultado del trabajo conjunto de los consejos y de las comunidades, todos logrados con los beneficios de la venta de los bonos de carbono. Todos construidos de la mano del cuidado del bosque, del río, del vecino. Los resultados son muchos, pero para Alfredo, Jesús María, Carlos, Jefferson, Mariluz y Eduardo, lo que más vale es poder sonreír felices.

- El modelo REDD+ se concibió para generar incentivos financieros a las comunidades de países con altas tasas de deforestación que hicieran esfuerzos por proteger sus bosques.

- En Colombia el mercado del carbono está anclado al impuesto creado en 2016 para los combustibles fósiles líquidos y tiene un precio variable. Por cada galón de combustible se paga un sobreprecio, y ese dinero se
usa en proyectos ambientales.

- La misma ley creó una manera de no causar el impuesto al carbono y es comprando bonos del mercado del carbono generados por proyectos nacionales, cuyo precio también es variable pero siempre menor al del
impuesto.

- Grupos indígenas y comunidades afrodescendientes del país con títulos colectivos y considerables extensiones de bosques han resultado beneficiados por este modelo.