Armando Benedetti ya tenía orden de captura en su contra, ¿cuáles eran las pruebas que lo comprometían?

Armando Benedetti le ganó un ‘round’ a la magistrada Cristina Lombana en medio del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La jueza que tenía lista una orden de detención en contra del exembajador fue apartada del caso luego de que la Sala Especial de Instrucción aceptara una recusación.

De acuerdo con El Tiempo, la postura de la magistrada frente al caso incluía imponerle al exsenador medida de aseguramiento con detención preventiva, sin el beneficio de casa por cárcel.

El caso por el que el exembajador en Venezuela tuvo que comparecer el pasado lunes 30 de octubre ante el alto tribunal hace parte de los gruesos expedientes que regresaron a la Corte desde el 25 de julio, cuando renunció a su cargo diplomático y la Fiscalía volvió a remitir sus investigaciones a la Sala de Instrucción.

La tesis de las investigaciones es que en 2017, junto a una red de corrupción, Benedetti manejaba los contratos de Fonade. Las denuncias al respecto aseguran que Armando Benedetti y los también excongresistas de la U Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías direccionaban la contratación a su conveniencia. Tanto Besaile como Elías han aceptado cargos.

El proceso de Fonade empezó con declaraciones de Jorge Iván Henao, el exasesor de la gerencia del Fondo que está colaborando con la Fiscalía. En 2018, Henao aceptó cargos y este año fue condenado formalmente. El abogado de Henao es David Teleki, el mismo que defendió al hijo del Presidente, Nicolás Petro, hasta el 1de septiembre.

En la indagatoria del pasado 30 de octubre, como en otras etapas del proceso penal, Benedetti debió responder por las circunstancias en las que realizó una reunión en 2016 con Henao. Según el exasesor, ese encuentro derivó en la adjudicación a dedo de un contrato entre Fonade y la empresa Certicámara.

Por ese escándalo de corrupción ya está en juicio una exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti, Elsy Mireya Pinzón. De acuerdo con la Fiscalía, ella entró a las instalaciones de Fonade en varias ocasiones solo para gestionar la adjudicación del mencionado contrato. La teoría de la Fiscalía se sostiene en que las visitas de Pinzón se realizaron luego de la reunión entre Benedetti y Henao.

De acuerdo con el escrito de acusación que llamó a Elsy Mireya a juicio, en 2017, luego de varias gestiones derivadas del encuentro entre Armando Benedetti y Jorge Henao, se llevó a cabo un proceso de contratación con una convocatoria privada en la que Fonade llamó solo a tres empresas, entre las que se encontraba Certicámara. El convenio buscaba custodiar el archivo y las bodegas de Fonade.

Benedetti, por su parte, ha sostenido que el proceso en su contra es una persecución por parte de la magistrada Cristina Lombana, a quien consiguió recusar solo en uno —por enriquecimiento ilícito— de los varios procesos en los que ella es la togada instructora.

Ya el 21 de septiembre, cuando acudió a la Sala de Instrucción por otra indagatoria en el caso de la Fiduprevisora y el Fondo del Magisterio (Fomag), había calificado la apertura de varias investigaciones en su contra como “emboscadas judiciales”.

En su cuenta de X ha habido varios señalamientos contra Lombana, quien aparentemente “ha vulnerado mis garantías”. ”Nunca he dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto de la magistrada Lombana, quien ha demostrado su interés personal en mis procesos”, dijo en junio de este año. “Mi derecho a trabajar está comprometido con las locas investigaciones de la magistrada instructora”, señaló a mediados de 2022.

El 23 de octubre, la Sala Especial de Instrucción aceptó una de las cinco recusaciones que el aliado del Pacto Histórico presentó contra Cristina Lombana. En concreto, en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Sala encontró que había argumentos suficientes para apartar a la jueza de la investigación, que intenta determinar el contexto de la compra de un apartamento y de varios giros del exterior, porque “mientras el proceso estuvo en la Fiscalía (cuando la Corte lo envió, al perder competencia por el fuero que Benedetti tenía como embajador) la magistrada emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso”.

Las pruebas contra Benedetti

La Corte investiga a Benedetti por la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá y unos giros de dinero desde el exterior. La propiedad habría estado sujeta a un proceso de extinción de dominio. En octubre de 2010, la comunicadora Ruby Corredor Ruiz se lo compró a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 1.600 millones de pesos, pero dos meses después se lo vendió a Armando Benedetti por el mismo valor.

El exembajador no pudo justificar de dónde sacó los 1.600 millones de pesos para el apartamento, ni otros movimientos realizados con tarjetas de crédito y giros realizados desde el exterior. La investigación de El Tiempo indica que hay por lo menos 2.971 millones del político que no tienen explicación ni contable ni financiera.

Para justificar su patrimonio, Benedetti se resguardó en el préstamo de una persona fallecida y un negocio con Carlos Alberto Dada Barguil, exesposo de Ángela Benedetti. Aunque Dada aseguró que le prestó 450 millones de pesos en efectivo, dinero que supuestamente guardaba en una caja fuerte.

*Con información de Colprensa.