Acciones de MinDefensa contra ‘Plan pistola’ han sido insuficientes; Procuraduría alertó

A través de un documento, el procurador delegado Samuel Arrieta, expresó al Ministerio de Defensa, en cabeza del Mayor General retirado Pedro Sánchez, su preocupación sobre los constantes ataques a los que se enfrenta la fuerza pública como consecuencia del llamado ‘Plan pistola‘, ejecutado por el Clan del Golfo.

El funcionario habría asegurado que las acciones realizadas por las autoridades, hasta el momento no serían “oportunas” ni “suficientes”.

“A pesar de las medidas establecidas por su Despacho —como controles administrativos (boletas de salida, alertas tempranas) y operativos (patrullajes conjuntos, inteligencia)—, los hechos evidenciaron que estas no fueron oportunas y suficientes para mitigar la amenaza sistemática contra la integridad de los miembros de la fuerza pública", dicta el documento.

Esto implicaría que se realice una modificación en la manera en que esta cartera está operando para combatir este flagelo.

“Esta situación exige, por tanto, una revisión urgente y técnica de las actuales estrategias frente a los hechos de violencia”, puntualizó Arrieta.

El procurador solicitó al ministro de Defensa revisar los protocolos de autoprotección de los miembros de la fuerza pública en campo, teniendo en cuenta el ‘riesgo actual’.

Además, instó en la necesidad de crear un “grupo especial, unificado y permanente de reacción inmediata, con participación articulada de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y Ejército Nacional, orientado a la investigación y judicialización integral de los responsables”.

Finalmente, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, recordó al Ministerio su obligación de garantizar entornos seguros para los uniformados y advirtió que continuará haciendo seguimiento a las respuestas institucionales frente a estas amenazas.

En un plazo de máximo tres días, la cartera deberá entregar Plan de Acción específico “que incluya metas verificables y un cronograma detallado de implementación, orientado a evidenciar avances concretos en la protección de la vida e integridad del personal de la fuerza pública”.

El pasado 28 de abril, el órgano de control había pedido explicaciones al ministro Sánchez por la ola de violencia contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país y por el alcance del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, con el que se ordenó suspender acciones militares y policiales contra algunos grupos armados organizados.

En ese sentido, la Procuraduría solicitó al jefe de cartera informar si el cese de operaciones afecta la protección de la vida e integridad de los uniformados y la población civil.

También pidió aclarar si las instrucciones impartidas en el decreto excluyen la posibilidad de actuar en caso de ataques por parte de estos grupos.