22 helicópteros de combate estarán en tierra en Colombia por suspensión de ayuda de EE.UU.

Estados Unidos pidió cancelar la operación de 22 helicópteros Black Hawk norteamericanos que se mantiene en territorio nacional al servicio de la Policía Antinarcóticos, por un periodo de tres meses, por razones de mantenimiento.

Esta fue una decisión tomada tras el arribo del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, situación que también fue solicitada a otros países de Latinoamérica.

Fuentes de la Policía confirmaron a Colprensa que aunque la entidad cuenta con otras aeronaves, la decisión del gobierno Trump resta algunas capacidades operacionales como el apoyo aéreo en varias estaciones, la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

De acuerdo con las mismas fuentes de la Policía, la decisión fue tomada antes de la crisis diplomática que se desató entre ambos países el fin de semana por la deportación de colombianos rechazada por el presidente Petro.

Y es que a pesar de que del gobierno colombiano confirmaron que se superó el impasse de la crisis diplomática con Estados Unidos, lo cierto es que aún está el ambiente tenso entre los dos países por la postura de Petro de no recibir a los colombianos deportados.

Al parecer, según información conocida hasta el momento, la congelación del contrato con la empresa de mantenimiento de las aeronaves, hace parte de las medidas de Estados Unidos para reestructurar la entrega de ayudas internacionales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que “Si bien EE.UU. tiene su firme compromiso de seguir fortaleciendo su relación con Colombia para promover interés mutuos, no vacilaremos”.

En esa misma respuesta, el gobierno estadounidense recordó además la cooperación internacional que deben tener las naciones aliadas, incluida Colombia, para seguir con la política de migración que está implementado ese país y que incluye la deportación de nacionales colombianos, el cual es considerado como uno de los principales motivo de discordia entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

El Gobierno américano ha sido claro en su postura, sobre todo porque “el presidente Trump espera que todas las naciones cooperen en la aceptación de los deportados que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos”.

Esta decisión tomada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se suma a la reciente suspensión de fondos para el financiamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La medida también responde a una orden ejecutiva emitida anteriormente, que exige una revisión de 90 días de varios programas de cooperación internacional. El recorte representaría un desfinanciamiento de aproximadamente 15.000 millones de pesos.