Terror en Jamundí: disidencias de las Farc imponen pagos por la construcción de una carretera ilegal bajo amenaza de muerte

En la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, adelanta la construcción de una carretera que unirá los corregimientos de San Antonio y Villacolombia.

Según denuncian los pobladores, el proyecto es financiado por la comunidad bajo extorsión, pues cada habitante debe pagar una cuota obligatoria al grupo armado, que advierte que quien no cumpla se expone a represalias, incluido el asesinato.

El cobro es de 500.000 pesos por adulto y 80.000 por cada niño matriculado en la escuela. Esto significa que, en cuestión de días, muchas familias deben reunir más de 700.000 pesos, en una economía basada en jornales que no superan los 60.000 pesos diarios. “Quien no paga aparece muerto. Así de simple”, señaló un habitante que pidió no revelar su identidad.

Tal fue le caso de Ruhal Martínez, vicepresidente del corregimiento Villacolombia, quien fue sacado a la fuerza de su vivienda por hombres armados, el pasado 6 de agosto, y hallado sin vida en la vereda El Descanso. De acuerdo con la comunidad, su asesinato estaría relacionado con la negativa a pagar las cuotas exigidas.

Sin embargo, el control de la Jaime Martínez no se limita al cobro de dinero. Los pobladores deben portar un carnet de movilidad expedido por la estructura, que se obtiene entregando la cédula a sus integrantes y recibiendo días después un plástico que autoriza la circulación en la zona.

En conversación con Semana, una mujer relató que un hombre identificado como Julio, presunto miembro de la Jaime Martínez, le exigió 500.000 pesos por la obra y la compra de boletas para respaldar el cobro. “Una señora lloraba porque apenas su hijo le manda lo del mercado y no puede pagar esa cantidad”, comentó.

Este tipo de presiones ha provocado un desplazamiento silencioso. Algunas familias han vendido sus tierras a pérdida y se han marchado, mientras que otras permanecen por temor a perder lo poco que tienen.

La participación forzada en acciones contra la fuerza pública es otro mecanismo de control. Testigos aseguran que los disidentes ordenan a la comunidad bloquear el paso del Ejército o rodear a los uniformados hasta obligarlos a retirarse. La semana pasada, cerca de 150 soldados fueron rodeados por civiles, en su mayoría bajo coacción, y tuvieron que salir del área.

Frente a este hecho, el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que sobrevuelos de reconocimiento han permitido identificar el trazado ilegal de la vía. “Estamos articulando una operación con la Fiscalía para frenar esta construcción y neutralizar las actividades criminales que se desarrollan en la zona”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que en otras áreas rurales se han registrado casos similares, con cobros de hasta 5 millones de pesos, y pidió al Gobierno nacional una intervención efectiva para contener el avance de estas estructuras armadas, "Esto es gravísimo. Exigimos una intervención real del Gobierno nacional. No podemos seguir solos enfrentando este monstruo”, expresó la mandataria.

Con información de SEMANA.