Se usarán drones y el Halcón de la Policía para evitar las invasiones en Cali

Con la utilización de drones y el refuerzo de las cuadrillas de inspección, la Alcaldía de Cali busca hacerle frente a los intentos de invasión en la ciudad, un flagelo que es histórico y que afecta a predios públicos y privados.

El anuncio fue entregado por el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, quien comentó que habrá apoyo del Dagma, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y la Policía Metropolitana de Cali para poder monitorear la zona rural y la urbana.

“La idea es tener un ejercicio de monitoreo a través de drones, el Halcón de la Policía, las cuadrillas de Halcones del Dagma y con apoyo de maquinaria de la Uaesp. Es un refuerzo que nos ha pedido el señor Alcalde”, puntualizó García.

Según el titular de la cartera de Seguridad de Cali, las zonas de preocupación son los corregimientos de Los Ándes, Pance y La Buitrera. No obstante, eso no quiere decir que la zona urbana no tenga atención.

“A través de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control tenemos dos cuadrillas y esperamos fortalecerlas por solicitud del Alcalde, con las que hacemos recorridos urbanos y rurales para poder identificar posibles sectores con problemas de invasiones”, comentó García.

La cifras de la Secretaría de Seguridad y Justicia indican que, durante el primer trimestre de 2025, se realizaron 92 recorridos para monitorear los intentos de invasión en la ciudad, logrando realizar un total de 37 operativos de desalojo, que se traducen en 40,86 hectáreas recuperadas.

Las comunas en las que más se realizaron estos trabajos fueron la 1, 2, 8, 11, 12 y 17, mientras que en la zona rural hubo mayor atención en Los Ándes, La Buitrera, La Elvira, Villacarmelo y Golondrinas.

Ahora, al hablar de lo realizado durante el 2024 y 2025, la Secretaría de Seguridad resaltó que se han recuperado alrededor de 90 hectáreas de terreno.

“Han existido casos de judicialización, pero sí creemos que hay una serie de patrones en los que está involucrada alguna intención criminal. Por eso estamos trabajando de la mano de la Fiscalía para identificar esos patrones y presentar estos casos, ya que esto no se trata simplemente de unas acciones aisladas”, agregó el Secretario.

La Alcaldía también le pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier intento de ocupación irregular del espacio público o privado en Cali, a través del siguiente correo electrónico: control.invasiones2024@gmail.com.

¿Ha sido suficiente?

El concejal Roberto Ortiz opinó que las cifras que han sido presentadas por la Alcaldía son importantes, pero aseveró que se está gobernando “con base en boletines”.

“Cali ha crecido en los últimos años más de 40 veces en asentamientos. Lo más grave es que seguimos sin saber con precisión cuántos asentamientos existen hoy. Según el Plan de Acción de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat (Acuerdo 0411 de 2017), el 44,36 % de los hogares caleños están en asentamientos humanos precarios. Mientras tanto, en el sistema de Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali se registran 195 asentamientos, pero el mismo acuerdo habla de 210″, comentó Ortiz.

El cabildante indicó que recorre la ciudad y que los caleños le han expresado que, lejos de mejorar, la problemática sigue creciendo.

Según el Concejal, el problema no solamente se soluciona con acciones de control, sino también ofreciendo oportunidad de empleo y vivienda a las familias caleñas.

“Hay que fortalecer la Unidad de Control de Invasiones, articularla con Planeación, Vivienda, Seguridad y Gestión del Riesgo. También, hay que aplicar de manera efectiva la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat. Esa política existe, está en el papel desde 2017, pero no se ha implementado con el compromiso que se necesita”, culminó Ortiz.

Por su parte, el también concejal Juan Felipe Murgueitio comentó que es necesario tener sanciones más duras contra las personas que invadan predios en la ciudad.

“Lo más grave es que detrás de muchas de estas invasiones hay estructuras criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, promueven ocupaciones ilegales y se lucran con la venta fraudulenta de lotes, poniendo en riesgo a cientos de familias que terminan habitando en zonas no aptas”, dijo Murgueitio.