Nuevos mandatarios reciben un Valle lleno de ‘elefantes blancos’

El que ofreció el gobierno de Jorge Iván Ospina como “epicentro de conocimiento, con aulas inteligentes y espacios para la formulación de planes y estrategias para la reducción del riesgo”, amenaza con entrar en la lista de ‘elefantes blancos’, luego de haberle invertido más de $7082 millones.

Después de modificado el contrato en seis ocasiones, cambiado por lo menos tres veces de supervisor, se han hecho cuatro prórrogas, tres suspensiones y dos reinicios, todo lo que dejaría este gobierno del Centro Integral para la Gestión del Riesgo y Desastres (Cigred) es una mole que luce abandonada en un rincón del barrio La Flora, en el norte de Cali.

La obra se proyectó en el 2017, cuando el gobierno de Maurice Armitage realizó los estudios y diseños, y tramitó las licencias de demolición y construcción. La contratación corrió por cuenta del gobierno Ospina, pero solo destinó $5162 millones de los cerca de $18.000 millones que costaba.

Ante los reclamos de diversos sectores, incluido el concejal Roberto Rodríguez, el pasado 28 de agosto, a cuatro meses de acabar su mandato, se hizo un nuevo contrato que vence este 31 de diciembre a las 11:59 de la noche por valor de $1920 millones; cifra que sigue siendo insuficiente.

“Es una obra que puede quedar como un elefante blanco; ahí tirada en el olvido. He llamado a las autoridades y a los entes de control, en especial a la Procuraduría, para que le den a esto un tratamiento de investigación porque es una de las prioridades de la Alcaldía en este campo de la gestión del riesgo”, dijo días atrás el concejal Rodríguez.

No obstante, el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano, aseguró que “la obra física de infraestructura queda al 31 de diciembre 2023 terminada al 90 %; pero queda pendiente la dotación”.

Técnicamente, y de acuerdo con las explicaciones de Aydee Lizarazo, directora de Seguimiento Regional de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, el Cigred figura por ahora como una obra inconclusa porque aún existiría una póliza de seguros que respalde la realización, pero a lo largo y ancho del Valle del Cauca hay 145 obras por un valor aproximado a los $3,3 billones que hacen parte del listado de proyectos críticos y elefantes blancos de la Contraloría General.

El más triste célebre de todos, y con mayor cantidad de recursos comprometidos, es la construcción de la ‘Autopista Mulaló - Loboguerrero’, en la que están en riesgo $2,5 billones y que figura como proyecto crítico en el sector del transporte.

Pero preocupa también a la Contraloría General de la Nación la situación del Valle del Cauca, y en especial casos como el de Cali, donde hay 30 proyectos entre elefantes blancos y obras inconclusas por un valor de $223.025 millones; el caso de Buenaventura, con 65 obras comprometidas por $149.645 millones o la situación del municipio de Buga, donde 5 obras suman recursos comprometidos por $83.141 millones.

Destacan también en Jamundí los 14 proyectos entre elefantes blancos y obras inconclusas por valor de $80.259 millones; el municipio de Candelaria, con 4 obras por $14.121 millones, y 3 obras en la ciudad de Palmira que suman $124.022 millones.

La directora de Seguimiento Regional de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Aydee Lizarazo, aclaró que la base de datos de las obras consideradas críticas o ‘elefantes blancos’ no corresponden necesariamente a los mandatarios salientes y que se vienen recogiendo datos desde el 2019, pero con acumulados de obras, incluso, de vigencias del 2006 y 2008.

“Desde el 2019, la Contraloría General adoptó la estrategia ‘Compromiso Colombia’ para rescatar esas obras abandonadas. En el Valle del Cauca hemos recuperado 55 obras por valor aproximado de $276.000 millones; es una estrategia que sirve, pero hay que darle un valor muy importante al ciudadano, a los veedores de esos proyectos que se vienen ejecutando para que de la mano con la Contraloría, como facilitadores del control social, logremos que las obras se concluyan”, explicó la Contralora Delegada.

Clasificación por costos

Después de la vía al mar, en el top de las obras con más recursos comprometidos está la construcción de la primera fase de colectores para la planta de tratamiento de aguas residuales en Palmira, con $114.240 millones, según la Contraloría, y el puente a cuatro carriles sobre el río Cauca, en el sector de Juanchito, por un valor de $88.314 millones, aunque la obra sigue en marcha y se entregaría una parte a fin de año.

Viene luego la inversión que por $69.800 millones se le hizo a la ampliación de la cárcel municipal de mediana seguridad de Buga y que figura como ‘proyecto crítico’.

El País hizo seguimiento a la obra de construcción del Pabellón 5, que debió culminar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en el 2014, pero permanece abandonada a un lado del centro penitenciario.

Aunque se suponía que era una obra urgente y que abriría 720 nuevos cupos y tendría 20 celdas para visitas conyugales, lo que hoy persiste es una mole curtida por la humedad y vestida de maleza.

A la obra se le hicieron en solo dos años siete prórrogas a la entrega final y fue solo hasta el mes de diciembre del 2015 que se le decretó una multa por incumplimiento al contratista; pero acto seguido, se le hizo una adición presupuestal de $6111 millones y se le dio un año más de plazo para terminar de ejecutar el pabellón de Buga. Pero aún no cumple.

El anhelado Centro Náutico Pesquero del Sena en Buenaventura es otra de las obras eternas. Son $40.590 millones invertidos en su ejecución, según la Contraloría General, y hoy solo figura como un ‘proyecto crítico’ en el sector de ambiente y desarrollo sostenible.

Una obra que anunció en diciembre del 2015 el entonces director del Sena, Alfonso Prada, y que debió entregarse en noviembre del 2018, pero para esa fecha el avance era apenas del 42 %. Los contratistas alegaron razones tan absurdas como fenómenos climáticos para justificar el incumplimiento, pero el sindicato de la entidad denunció que en realidad hubo fallas en los diseños porque el centro que prepararía a los jóvenes en labores náuticas, no tenía ni siquiera un muelle ni rampas de acceso para las embarcaciones.

Infortunadamente, asegura el analista Diego Luis Sánchez, “muchas de esas obras que entran en estado crítico y quedan luego abandonadas, es imposible recuperarlas porque con el paso de los años presentan afectaciones estructurales y, por seguridad, lo más conveniente es demolerlas”.

“Lo más lamentable de los llamados elefantes blancos es que los recursos que se pierden eran destinados casi en su totalidad a beneficiar a comunidades vulnerables en materia de salud, educación, saneamiento básico y vivienda. Comunidades que demandaban con urgencia la realización de esos proyectos y que deben aguardar por años a que se dirima el conflicto contractual, que es donde se centra el caso y pasa de inmediato a un segundo plano esa necesidad insatisfecha”, dijo el analista.

Por su parte la Directora de Seguimiento Regional de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, explicó que la Contraloría General viene haciendo un llamado, “y eso lo está reiterando el señor Contralor General permanentemente, a todas las nuevas administraciones, para que no vayan a dejar a un lado estas obligaciones y que independiente de su antecesor o de la filiación política que tengan, o si están en orillas ideológicas diferentes, su responsabilidad como funcionarios, como servidores o como gobernantes, es concluir esas obras que quedaron”.

“Con el cambio de Gobierno, frente a estas obras, lo que tenemos que aclarar es que estos proyectos que aparecen en la base de datos de tiempo atrás como elefantes blancos o en estado crítico, son en gran parte problemas que han heredado las administraciones en la medida que van llegando. Seguramente la administración actual heredó parte de estas obras que dejaron de construir otras administraciones atrás, pero ahora que están, por ejemplo, en proceso de empalme, las alcaldías y las gobernaciones deben estar atentos para saber a quién le reciben, qué obras quedan ahí pendientes de ejecutar y cuál es la problemática que tienen o el avance físico o financiero”, explicó.

La directiva, desde la cabeza del ente de control fiscal, es adelantar un seguimiento constante para que estas administraciones locales que asumen el próximo 1 de enero incluyan en sus planes de gobierno, en sus cronogramas de actividades, la continuidad y la ejecución de las obras para evitar que se sigan poniendo en riesgo los recursos públicos.

Igualmente, en los casos en los que es difícil lograr una conciliación que permita llegar la obra a feliz puerto, se continuará realizando por parte de la Contraloría General de la República el control fiscal, las consideraciones, las observaciones y los posteriores hallazgos fiscales contra los responsables del mal manejo de obras con gasto público para buscar la recuperación de los dineros.

“Algunas de las obras también en un momento determinado pueden entrar a un proceso donde las aseguradoras deban revertir en materia económica o monetaria por las pólizas de seguros que se obtienen y allí también se puede recuperar gran parte de esos dineros”, subrayó la contralora delegada Aydee Lizarazo.

En muchos casos, el incumplimiento o el retraso de los contratistas puede estar ligado a factores subsanables como problemas de licencias ambientales, la actualización de costos de los materiales, mayores cantidades de obras no contempladas inicialmente. En esos aspectos trabaja la Contraloría para conseguir, ante todo, que se logre culminar la obra.