Las invasiones se dispararon en Cali durante la cuarentena por el coronavirus

El proceso para recuperar un predio de uso público donde se había construido un asentamiento irregular en el sector La Viga, zona rural de Cali, puso en evidencia un mal que crece tan rápido como el del Covid-19: las invasiones.

Una problemática que se ha disparado desde que empezó el aislamiento preventivo obligatorio en la capital del Valle. Así lo asegura César Lemos, asesor del despacho de la Alcaldía de Cali y miembro de la Unidad Anti invasiones.

“Esto ha ocurrido porque todo el recurso de la ciudad se fue a evitar que la pandemia del coronavirus se convirtiera en una catástrofe humanitaria y de salud pública. Entonces, la Policía se puso en función de hacer cumplir el confinamiento y de ayudar a las familias más necesitadas”, explicó Lemos.

Agregó que las personas piensan que es el momento para perfecto para invadir porque, por la emergencia del coronavirus, el Gobierno “no las pueden sacar” de los sitios que están ocupando ilegalmente y “tampoco les puede cortar la energía o el agua”, si logran conectarse irregularmente a estos servicios.

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De acuerdo al funcionario, desde febrero de este año se han hecho alrededor de 200 intervenciones en invasiones, que incluyen demoliciones y suspensión de obras en construcción.

Las zonas de la ciudad más afectadas por esta problemática son los corregimientos de La Buitrera, Montebello, El Saladito, Golondrinas y Los Andes (atrás del cerro de Cristo Rey). Asimismo, los predios que quedan cerca a las cuencas hidrográficas de los ríos Cali, Aguacatal, Lili y Meléndez.

La invasiones también vienen proliferando de manera exponencial en el corredor férreo entre Cali y Jamundí, donde “hay tramos grandísimos totalmente loteados y cercados con guaduas y alambres de púas”.

“Están invadiendo ese sector porque saben que el tren de cercanías va a pasar por allí, entonces las personas aspiran en un futuro poder negociar con el Estado y que les paguen por los terrenos que han ocupado ilegalmente”, sostuvo Lemos.

Un fenómeno que no hace distinción de raza, sexo o estrato social. “En el corredor férreo, por ejemplo, hemos encontrado desde cambuches, construcciones de ladrillo, corrales de ganado y hasta pesebreras con 50 caballos”, manifestó.

Por su parte, en el corregimiento de La Buitrera, el funcionario añadió que han “encontrado en el callejón Tabares lotes de 500 metros cuadrados que están vendiendo a $35 millones, y en el callejón Vallejo casas en construcción de entre $500 millones y $2000 millones”.

“Las mafias invasoras, más conocidas como ‘tierreros’, son las que están detrás de este delito. Ellas se meten primero a las tierras del Municipio o del Estado y después pasan a terrenos privados. Su modus operandi es primero quemar el terreno, luego invadir y después lotear”, precisó Lemos.

Otro de los corregimientos en el que las invasiones tampoco tan tregua es El Saladito. Marlenny Angulo, corregidora de ese corregimiento, indicó que los intentos de invasión allí “son diarios” y se han incrementado en un 50 % durante la cuarentena, sobre todo, en las veredas Montañuelas y El Palomar.

“El problema es que hay muchos frentes de invasiones y pocos funcionarios para controlarlas. En algunos casos, las personas construyen en zonas de bosque de difícil acceso y donde ni la Policía puede estar pendiente. Las casas las construyen rapidísimo, este fin de semana no más encontramos cinco ranchos a medio construir”, señaló Angulo.

Según la Alcaldía de Cali, cerca del 44,5 % de los habitantes de la capital del Valle viven en asentamientos precarios y unas 800.000 personas viven en invasiones.

Este martes, en el sector La Viga, corregimiento de Pance, se realizó un proceso de recuperación de un bien de uso público en el que se desmantelaron ocho cambuches en los que vivían diez personas, la mayoría de ellas integrantes de un mismo grupo familiar. Solo se dejaron tres techos.

En los hechos, el policía Ángel Zúñiga se opuso al desalojo, argumentado que era “injusto” porque a las familias no les iban a dar vivienda ni a reubicar. Por tal motivo, al patrullero se le abrió un proceso disciplinario por no acatar la orden judicial.

Este proceso de recuperación que venía en trámite desde septiembre de 2019 y que inició el corregidor de Pance, pero que tuvo que ser suspendido por solicitud de la Personería.

”El año pasado se tumbaron 26 techos y se dejó una solo una casa porque la mujer que la habitaba estaba próxima a dar a luz. Ahora que volvimos habían construido once techos más y un cambuche en ese lugar”, aseguró César Lemos, miembro de la Unidad Anti invasiones de la Alcaldía de Cali.