El robo silencioso que desangra a Cali: pérdidas millonarias y pocas condenas

En 2024, Emcali reportó 813 casos de robo y vandalismo a la infraestructura de energía de la ciudad. En solo seis meses de 2025, ya se han registrado 625 episodios, es decir, el 80 % de todos los casos denunciados el año anterior.

Las zonas más impactadas son las comunas 2, 13, 17, 18, 19, 21 y 22. Es decir, lugares turísticos o donde hay alto tráfico de personas, como el Bulevar del Río.

“Sectores hacia La Buitrera, barrios como La Elvira, Los Andes, o hacia la Carrera Primera entrando por Cali, son muy afectados por el robo del alumbrado público y el vandalismo. Lo mismo ocurre en la Pasoancho y en el centro de la ciudad. La Luna ha estado muy afectada por este proceso de vandalización del alumbrado público. Los hurtos en el Túnel Mundialista y la Plaza de Caycedo se han presentado de manera sistemática”, comenta José David Insuasti, gerente de Energía de Emcali.

Lo que más se roban son los cables del alumbrado público, por el cobre. También luminarias y transformadores que, como en el caso de los computadores de los semáforos, estarían siendo comercializados en otras ciudades.

“Tenemos alertas de que los elementos de energía eléctrica se comercializan en todo el país. Y hemos encontrado elementos en nuestro sistema de distribución pertenecientes a otros distribuidores, como Celsia. En las discusiones gremiales se está revisando cómo este tipo de situaciones se pueden abordar de manera conjunta para evitar que roben equipos en una ciudad y los vendan en otra”, agrega Insuasti.

Los habitantes de calle están entre los responsables de parte del robo a la infraestructura del alumbrado de Cali. Pero no son los únicos: hay sospechas de que excontratistas de Emcali también estarían detrás.

“Estamos trabajando para que los nuevos diseños incluyan elementos de seguridad más modernos que eviten el robo o que generen alertas si se está cometiendo un hurto. Que un gabinete, por ejemplo, sea mucho más difícil de abrir o que tenga sistemas de alarma que se activen al ser forzados. También estudiamos la posibilidad de instalar transformadores que no se puedan comercializar en otras ciudades, equipos que, una vez los intenten robar, se dañen. Eso puede generar un desincentivo para que se hurten estos elementos”, comenta el gerente de Energía de Emcali, quien calcula que cada año las pérdidas para la empresa por actos de vandalismo y hurto al alumbrado público oscilan entre los $5.000 y $10.000 millones.

En Metrocali, el panorama es similar. Todo el sistema del MÍO cuenta con 77 estaciones de parada, 8 terminales, y existen zonas muy críticas donde estos espacios son vandalizados o robados. Por ejemplo, la Carrera 15, la Carrera Primera, las calles 13 y 15, y en general, todo el centro. Los robos a la infraestructura ocurren todos los días, especialmente en la noche.

“Básicamente en las estaciones nos afectan los cerramientos de fachada, que están compuestos por mallas microperforadas de aluminio. Se roban los parales de los biseles de los vidrios, los pasamanos de acceso a las taquillas les van dando cegueta y se los llevan, también el cableado. Cuando se roban un cable, nos causan una afectación tremenda porque se compromete todo el sistema de iluminación de los vagones. Volver a recuperarlos nos toma tiempo y requiere recursos importantes”, explica Jaime Quesada, director de Infraestructura de Metrocali.

También se roban las lámparas de las estaciones, las jaboneras de los baños, las canecas de basura, e incluso han intentado abrir las máquinas de recaudo. Al año, Metrocali invierte entre $1000 y $1500 millones para reponer los daños.

“Tenemos una empresa de seguridad que está custodiando la infraestructura del sistema y se ha logrado la detención de varias personas en flagrancia, robando cables y otros elementos. Estamos tratando de judicializarlas, pero por las normas que rigen en Colombia, se dificulta. Muchas de estas personas que roban al sistema son habitantes de calle, son indocumentadas, y eso complica todo. Pese a las capturas, judicializarlos es difícil por la flexibilidad de la ley. Eso hace que el delito sea recurrente”, comenta Quesada.

A inicios de año, la Alcaldía expidió un decreto para regular los horarios de las chatarrerías -donde se presume se compran estos elementos robados- e intentar tener un control sobre la afectación a la infraestructura pública. Según el decreto, estos establecimientos pueden abrir solo entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. Sin embargo, de momento -lo dicen las estadísticas- la medida no ha funcionado y Cali sufre un lento y cotidiano desangre de su presupuesto debido a estos hurtos.