Así opera el ‘cartel del cobre’ que desangra a Emcali

Por: Hugo Mario Cárdenas López - Reportero de El País

Hasta hace un par de años se pensó que las Empresas Municipales de Cali, Emcali, tenían un tesoro bajo tierra. Que el activo que representaba el cobre de las redes de telefonía podría ser una tabla de salvación al componente de Telecomunicaciones, que acumula pérdidas por segundo.

Pero ni Emcali sabía a ciencia cierta cuánto metal tenían enterrado. Y mientras las autoridades se enfocaban en evitar que los habitantes de calle cortaran las redes para obtener un pequeño trozo del ramal, de donde podían obtener luego de quemarlo uno o dos kilos de cobre para sostener su adicción, la verdadera amenaza hacía de las suyas ante los ojos de todos.

Carteles del cobre, provenientes de departamentos como Antioquia, Caldas Risaralda, Quindío y Cauca llegaban, y siguen llegando, a la capital del Valle del Cauca fingiendo ser empleados de Emcali, con uniformes y vehículos para llevarse en uno solo intento hasta 200 y 300 metros de cable para extraer el cobre.

Cantidades de donde puede extraer hasta dos toneladas de un metal que casi ha cuatriplicado su precio desde la pandemia y de donde pueden obtener, a precios de hoy, entre $80 millones y $100 millones en un solo corte.

La lentitud de los procesos en el interior de Emcali, según expertos consultados, terminó siendo cómplice pasivo de estas redes de delincuencia organizada. Mientras la empresa definía cómo sacar el cobre, a quién adjudicarle el contrato, hasta a quién beneficiar y de qué manera reinvertir un dinero que seguía enterrado, los procesos de la criminalidad eran, como siempre, más efectivos.

Lo demostraron una tarde de junio del 2023 cuando cuatro supuestos operarios de Emcali llegaron hasta una calle del barrio Sindical y levantaron de la vía una tapa de una de las cámaras que lleva el cable de telecomunicaciones y cortaron la línea más gruesa, la que lleva 2400 pares telefónicos.

En otra calle contigua, realizaron un corte similar y ataron el cable a un furgón para que arrastrara el material hasta afuera y poderlo subir al camión. En cuestión de minutos habían extraído cerca de 100 metros de componente de cobre y habían dejado casi un barrio incomunicado.

La escena se ha repetido en múltiples ocasiones, con mayor vehemencia desde el llamado estallido social, según explicó la Gerencia de Emcali, en cabeza de Roger Mina, y las cifras que dejan estos carteles del cobre en las empresas y la ciudad son devastadoras.

Fuentes oficiales aseguraron en diálogo con El País que hay casos como el de la central de Unión de Vivienda Popular, donde del 100% del cobre que se estimó en las redes, solo queda un 68%; o el caso de la central de Terrón Colorado, de donde el 100% estimado apenas queda el 53%.

O el que es quizá el caso más grave de hurto de cable, el de la central telefónica de Alfonso López, donde solo queda el 28% de lo que creían que había en las redes telefónicas. Es decir, las bandas criminales ya han extraído el 72% del cableado de cobre que había en su jurisdicción.

Sabemos que el cobre está al rededor de US$9,5 dólares por kilo y eso significa que aproximadamente un kilo puede costar unos $40.000 pesos, explica el coronel Germán Huertas, jefe de seguridad de Emcali. “Los habitantes de calle se roban por poquitos el cobre, pero ya estas organizaciones de bandidos, que llegan usurpando la función de los trabajadores de Emcali y con uniformes nuestros, se nos llevan toneladas de cobre; y aún así, nos vandalizan la fibra y es una situación compleja porque queremos prestar un buen servicio a la comunidad”.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde la unidad de seguridad física y electrónica y hemos creado tres centrales de monitoreo las 24 horas; hemos fortalecido la parte jurídica, la parte operativa con grupos de motorizados las 24 horas, pero es imposible cubrir las 22 comunas de la ciudad y por eso hemos solicitado a los organismos de seguridad que nos ayuden”, explica el coronel Huertas.

Fuego amigo

A diferencia del cobre, un metal difícil de corroer, desde las entrañas de la misma empresa han aparecido grupos conformados por algunos empleados, contratistas y vigilantes que han sacado de la central de telefonía de Colón, donde se almacena el cobre que se extrae en la reposición de redes, cantidades de kilos del metal para ser vendidos en el mercado negro.

“Es triste que la misma gente que vive de la empresa termine desmantelando los activos de la misma. Hay casos que se dicen jocosamente que un camión salió de cierto lugar con dos toneladas de cable de cobre y que en el camino se le cae una y a las bodegas solo llega una y cuando la van a sacar, apenas está la mitad”, dice un exgerente de las Empresas Municipales.

“Lo que estamos encontrando ahora, después del estallido social, son bandas mucho más organizadas, con más recursos, con vehículos y hay, incluso, contratistas activos de las Empresas Municipales”, explica Gustavo Martínez, abogado representante para asuntos penales de Emcali.

Fenómenos como el que ocurre en la ciudad con el robo de cobre a Emcali, dicen expertos, explicarían la razón por la cual Colombia, que es un país que no produce cobre, es uno de los mayores vendedores de metal desde América Latina hacia otros países. La mina de cobre que tiene el país está ubicada en Santa María del Atrato pero su capacidad de producción es de apenas el 2% de las exportaciones del país.

" El 94% de lo que el país exporta se supone que es bajo el rubro de retal, residuos de elementos fabricados en cobre, según información de la Dian, pero al retal es muy difícil hacerle un seguimiento y probablemente el metal que es producto del hurto de infraestructura de empresas como Emcali es el que termina siendo enviado a otros países”, explica el abogado Martínez.

Lo más crítico, asegura bajo anonimato una fuente de la Administración Municipal, “es que Colombia no es un país exportador de cobre y es de donde más cobre sale por Buenaventura, y es una actividad importante para estas organizaciones porque recogen un buen dinero causándole un daño a la ciudad. Ahora que viene la COP-16 se está haciendo un plan de choque para evitar que la delincuencia afecte el desarrollo de la cumbre”.

Desde las Empresas Municipales se ha identificado una especie de estructura piramidal de estos grupos de delincuencia donde hay tres niveles: el nivel base son los habitantes de calle que muchas veces son instrumentalizados por otras personas para ingresar en las recámaras de telefonía, cortar el cable y después llega el vehículo y lo extraen. Luego ese material se le lleva a los chatarreros, que están en el segundo nivel de la pirámide y que como receptadores del metal incurren también en un delito, y están en la cabeza de la pirámide los exportadores que reciben de las chatarrerías el producto del hurto de este metal.

“El robo de cable tiene implicaciones muy graves. Hay un tipo básico de hurto contemplado en el Artículo 239 del Código Penal, pero el Artículo 240 habla de hurto calificado. Dice el artículo en su inciso final, el quinto, dice la pena será de 5 años cuando el robo se cometiere sobre elementos destinados a las comunicaciones”, explica el abogado Martínez, quien agrega que hay otras circunstancias que pueden llevar a los responsables del robo de cable a penas de hasta 11 años de cárcel.

Sobre la receptación

Parte del delito que se comete en la ciudad con el robo de infraestructura a las Empresas Municipales es fomentado por los propietarios de algunas chatarrerías, generalmente ubicadas en el centro y el oriente de la ciudad.

“Nosotros hemos hecho intervenciones en algunas de las chatarrerías. Por ejemplo, el año pasado hicimos varias con la Secretaría de Seguridad y Justicia, con la Policía Metropolitana y se cerraron cuatro o cinco chatarrerías que compraban infraestructura de las Empresas Municipales de Cali y en las que encontramos elementos de propiedad no solo de Emcali, sino de otros operadores como Claro, Movistar y Gases de Occidente, la mayoría de ellas en el centro aunque hay unas también en el oriente”, explicó el jefe de seguridad de Emcali.

Solo el año pasado, en el barrio Pereira, en el sector de Cuacaseco, fue ubicada una propiedad en la que operaba un quemadero clandestino de cable y que al ser interrogados los capturados aseguraron que el cobre extraído era llevado a vender a algunas chatarrerías de los barrios Alfonso López y Petecuy.

El pasado viernes, dos jueces penales de Cali emitieron igual número de sentencias condenando a 36 y 35 meses de cárcel a un excontratista y un supuesto funcionario de Emcali por el hurto de cable de cobre. Penas que no son excarcelables y que se deben cumplir en su totalidad.

En medio de los operativos también se han incautado vehículos livianos y pesados, furgones y motocicletas utilizadas por los carteles del cobre para extraer y transportar el producto del hurto.

Es un problema absolutamente crítico, insiste el coronel Huertas. “Mira que en el año 2020–2023 terminamos con una pérdida de $10.000 millones, se capturaron 109 bandidos hurtándonos infraestructura y se desarticularon diez bandas delincuenciales. Para este año, en lo que ha corrido del 2024, ya hemos capturado 39 delincuentes y hemos desvertebrado tres bandas delincuenciales”, señala el jefe de seguridad de las Empresas Municipales.