Se conoció la sentencia de la Corte Constitucional sobre la intervención del Gobierno Petro a la EPS Sanitas

 En la tarde del viernes 18 de julio, la Corte Constitucional emitió sentencia sobre el caso de la intervención del gobierno Petro, por medio de SuperSalud, a la EPS Sanitas, del grupo empresarial extranjero Keralty.

En el fallo, el alto tribunal devolvió la administración de la EPS a sus propietarios, tras una intervención del gobierno, la cual habría incurrido en irregularidades, de allí la sentencia, la cual fue firmada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de dicha corporación, así como de ocho togados del tribunal.

“Revocar la sentencia del 10 de julio de 2024 proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que confirmó el fallo del 30 de mayo de 2024 expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Clínica Colsanitas S.A. (…) contra la Superintendencia Nacional de Salud”, se lee en el documento emitido por la corte.

De esta manera, la operación de la EPS Sanitas, así como que sus activos vuelven a ser administrados por parte del grupo empresarial español.

No obstante, el fallo reciente también deja claro que no se restringe las investigaciones administrativas pertinentes si son requeridas por los entes de control como la Procuraduría.

“Esta decisión no impide que la Procuraduría General de la Nación continúe las investigaciones disciplinarias que cursen en relación con los trámites que generó la intervención de EPS Sanitas, actuación que debe adelantarse en los términos establecidos por las normas aplicables”, añade el documento.

Asimismo, la Corte dejó claro que se deben mantener las formas establecidas en la ley cuando se realice una visita de inspección y vigilancia.

“La autoridad de inspección, vigilancia y control, cuando pretenda ejercer sus funciones de intervención a una EPS, deberá acreditar previa y razonadamente el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional”, señala la sentencia.

Por último, hacen énfasis en que las intervenciones administrativas se pueden adelantar, pero para poder hacerlo se debe “considerar, evaluar y aplicar a su gestión administrativa las órdenes correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en los autos 411 de 2016, 109 de 2021, 996, 2881, 2882 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025″.

Por ahora, lo cierto es que Keralty ya anunció una millonaria demanda contra el gobierno Petro por la intervención.

“Como Presidente del Grupo Keralty, he dado instrucciones a nuestro equipo legal para actuar con firmeza y claridad: vamos a denunciar, ante los juzgados nacionales e internacionales, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras”, avisó Grajales, en un comunicado de prensa.