Influencers en la política: ¿le están diciendo qué pensar y a quién seguir? Esto dicen analistas

Los influenciadores o influencers, como su nombre lo indica, tienen el ‘poder’ de influir sobre las personas, a través de sus contenidos digitales en las distintas plataformas: Instagram, Facebook o Tik Tok, las cuales utilizan para promocionar productos, servicios y hasta ideas.

De ahí que no resulte extraño que en los últimos años su presencia en línea, sobre todo la de los influencers más populares, venga siendo utilizada por movimientos políticos, precandidatos a la Presidencia y hasta el Gobierno Nacional (que habría invertido más de $ 2000 millones en su estrategia de comunicaciones con creadores de opinión, según denunció semanas atrás el concejal de Bogotá, Daniel Briceño).

Esta semana el tema del uso de influenciadores en la política volvió a ponerse en el centro de la discusión, luego de que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, DPS, y precandidato presidencial Gustavo Bolívar dijo que no recurrirá a ellos para su campaña y propuso que quienes lo hagan usen la etiqueta ‘#PPP’ (Publicidad Política Pagada), una forma de ser transparente con el mensaje.

De manera paralela, en el Senado avanza el proyecto de ley 394 de 2025, que regula la creación de contenido digital en Colombia, buscando mayor transparencia en la publicidad digital.

Expertos consultados por El País se pronunciaron sobre la labor de los influenciadores, el papel de estos en la política y también sobre las ventajas y/o inconvenientes del proyecto de ley, que para algunos podría ser una herramienta de censura.

Felipe Jaramillo Ruiz, profesor asociado del Departamento de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Javeriana de Cali y coordinador de Cali Visible, opinó que “ignorar el papel que juegan los influencers en la democracia es un lujo que no nos podemos dar como sociedad”, al indicar que si bien estas personas no influyen en los partidos políticos cada vez más sí inciden en las percepciones, amplifican narrativas y movilizan audiencias.

Por eso, se mostró partidario de una regulación “inteligente”, que se centre en la transparencia y trazabilidad, pero que “no busque censurar opiniones”.

“Yo creo que hay una regla fundamental que se debe tener en cuenta, sobre todo en términos de contenido político pago. Una regla que tenga en cuenta tres ejes fundamentales que el consumidor debería saber: primero, ¿quién pagó? Segundo, ¿cuánto pagó? Y, tercero, ¿para qué mensaje le pagaron a esa persona? Eso hace que requiera de etiquetas visibles o formas de transparencia que los influencers añadan al momento que emiten un juicio político”, subrayó el docente.

Jaramillo dijo también que la iniciativa en el Senado tiene algunos aspectos positivos, ya que busca formalizar esta actividad, pero insistió en que este marco legal debe tener categorías claras, es decir, que identifique quiénes son influenciadores y quiénes no, lo cual se podría hacer, planteó, por ejemplo, a través del umbral de audiencias.

Lo segundo, agregó, una vez se definan cuáles son esas personas, se debe crear la obligación clara de revelar cuando el contenido es patrocinado o alguien está pagando por él.

“Esto también requiere una corregulación para que las personas que pagan, por ejemplo si son partidos políticos, exijan a los influenciadores transparencia con las personas que están llegando a esa audiencia”, dijo.

Para Carlos Charry, director del doctorado y la maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, la tendencia internacional viene dada de entender a los influenciadores como una especie de medio de comunicación más y, por consiguiente, regularlos de una manera similar a lo que implica el ejercicio del periodismo en los medios de comunicación, como la retractación, la verificación, el uso verificado de fuentes y demás.

Reconoció, igualmente, que pueden llegar a cumplir un papel importante en términos de que sean una especie de control ciudadano, de la política y de los políticos o de temas de interés público.

“Pero creo que esa intención inicialmente planteada con la aparición de las redes sociales, esa promesa de una comunicación más horizontal, se ha perdido y se ha vuelto, lamentablemente, más que todo un negocio”, conceptuó Charry.

Y agregó: “El propio Gustavo Bolívar lo denunciaba hace unos días y ejemplifica cómo muchos influencers se convierten en una especie de mercenarios de la opinión, por lo cual sí creería que debe indicarse claramente que el contenido es político pagado y que debe estar regido por las leyes de la verificación y la corroboración, para que pueda ser publicado”.

Por su parte, Alejandro Echeverry, profesor universitario y consultor en políticas públicas, opinó que tener una normatividad es pertinente.

“Es necesario que se regule todo el tema en términos de mercado y que se regule toda la dinámica de generación de contenidos por parte de influencers, cómo ellos monetizan a través de ese mecanismo”, dijo.

Respecto a cuál debe ser el papel de los influenciadores en la política, Echeverry sostuvo que debe ser el de generar contenido veraz que le permita a la ciudadanía o a quienes consumen ese contenido tener mayor información para poder tomar decisiones adecuadamente.

“Creería que es parte del juego democrático y de la libertad de expresarse aprovechando la consolidación de las redes sociales”, afirmó.

Asimismo, Julián Fernández, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, subrayó que todos los colombianos tienen el derecho a expresar libremente sus ideas políticas en los medios de comunicación a los que tengan alcance.

Ahora bien, los influenciadores tienen la capacidad de generar cambios en el sentir y en el pensamiento de sus seguidores, por lo tanto, anotó, “aunque estén emparados bajo el principio de libertad de expresión, si el contenido o la idea que ellos están transmitiendo obedece o son el fruto del pago de un tercero, ya sea un político o una campaña política, deberían expresarlo claramente en su contenido y debería tener el mensaje de publicidad política pagada”.

La regulación actual no hace referencia explícita a la publicidad hecha por influencers, dado que las leyes asociadas a la publicidad política surgieron principalmente alrededor de la Constitución del 91 y hacen alusión a los medios tradicionales.

Entonces, ¿cómo se puede regular esta actividad? Para Fernández, hay dos caminos: la autorregulación o un ejercicio normativo.

En la autorregulación, añadió, los influencers deberían responder a otros dos principios, el de la transparencia y el de la responsabilidad con la información que suministran.

Un terreno riesgoso

Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, expresó que tanto la libertad de expresión como la libertad de información, amparadas por el Artículo 20 de la Constitución Política, tienen la misma responsabilidad de no incurrir en delitos como la injuria y la calumnia.

En ese orden de ideas, los influenciadores no están exentos de esa responsabilidad respecto de las cosas que comunican, para no afectar derechos de terceros.

“Aunque preferiría que el Estado no se meta con las redes sociales y mejor que los influencers, por lo menos los más importantes, establecieran un código ético, me parece muy peligrosa la regulación en una norma, porque puede, eventualmente, llegar a configurar un mecanismo de censura”, manifestó.

Entre tanto, Juan Gabriel Gómez, profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, afirmó que uno de los problemas que se tienen con redes como X (para el docente la más dinámica en términos de opinión), es que la política de los propietarios de estas redes sociales es la de interpretar la libertad de expresión de una forma extrema, absoluta, cuando no hay ningún derecho absoluto.

Dijo también que el Gobierno en vez de estar financiando influencers subrepticiamente a través de apoyar medios de comunicación alternativos o de darles a esos influencers contratos en la administración para que continúen realizando su actividad, haya recursos públicos manejados por una entidad independiente que ponga en evidencia a las bodegas progobierno pero también a las bodegas antigobierno.

De igual forma, se debe exigir la identidad real de los influencers y a reportar conflictos de intereses, si los tienen.

“En Colombia hay libertad de expresión, pero esto no quiere decir irresponsabilidad en la expresión, entonces difundir noticias de pánico económico es un delito, por eso, no sé hasta dónde se podría establecer otro tipo de delitos asociados al ejercicio irresponsable de la libertad de expresión”, manifestó Gómez.

El poder de los influenciadores

Se calcula que en Colombia hay más de tres mil influenciadores y creadores de contenido relevantes. De esa cifra, habría unos 400 que hablan de política o de temas relacionados con el Gobierno.

Para analistas, estos juegan un papel crucial en la orientación de la opinión, sobre todo para involucrar a los jóvenes en los procesos democráticos, por lo que consideran que son una manera de captar la atención de este grupo de la población, además de muchas otras audiencias que ya no están en los medios tradicionales.

En Colombia hay ejemplos de cómo las redes han catapultado también a varios políticos.

Por ejemplo, está Jota Pe Hernández, un youtuber con alrededor de 1,5 millones de seguidores en plataformas sociales, que fue elegido senador en 2022.

También está Julián Triana, quien llegó al Concejo de Bogotá tras sumar casi 300.000 seguidores en TikTok y obtener más de 33.000 votos, lo que ratifica cómo sí es posible movilizar votos o encontrar otros liderazgos.

Por ello, algunos congresistas insisten en la necesidad de regular esta actividad, para que se garantice que la información sea transparente y veraz, debido también al aumento de las noticias falsas en las redes sociales.

Según un informe de la Unesco (2024), el 62 % de los influenciadores políticos en América Latina no verifica los datos antes de publicarlos, lo cual incrementa el riesgo de desinformación.

“Regular esta actividad implica establecer unas normas claras no solo en política. Por ejemplo, si el creador de contenido publica o difunde contenido con fines monetarios en productos de salud, debe contar con la aprobación del Invima”, explicó el senador Julio Elías Vidal.

El proyecto que cursa en el Congreso no establece sanciones, solo fija parámetros a seguirse.