“Fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia” magistrado Gerson Chaverra

El pasado jueves 8 de febrero, se registraron manifestaciones en la ciudad de Bogotá, donde algunos manifestantes bloquearon las entradas y salidas del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la capital colombiana. En respuesta a estos incidentes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, desmintió las afirmaciones del presidente Petro sobre lo ocurrido en el lugar.

Chaverra destacó la gravedad del hecho, subrayando que el bloqueo representó una agresión y violencia contra la Corte Suprema, al afectar la libre movilidad de los magistrados. Expresó su preocupación por la situación, haciendo hincapié en la importancia de no minimizar el incidente y de reconocer su seriedad.

“Que a lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte Suprema. Un acto de agresión en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados”, dijo el magistrado.

Ese mismo día el alto tribunal expresó que en un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley y todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico.

Por último, la Corte Suprema de Justicia exigió al Gobierno Nacional “brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”.

Se pronuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En una comunicación dirigida al Gobierno de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta que la Corte Suprema de Justicia debe culminar la selección de titular de la Fiscalía General de la Nación, sin interferencias.

Manifestó que sigue de cerca el proceso de selección de la nueva persona Fiscal General de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano.

Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío oportuno por parte de la Presidencia de la República de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo, el 2 agosto pasado.

Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General.

En ese contexto, el 8 de febrero, se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas.

La CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia.

En esta oportunidad, la Comisión destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía.

Según los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse, con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas.

Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que, a través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará monitoreando esta situación con el apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.