¿Es la jurisdicción agraria un método de expropiación?

Terminar la inversión en el campo, legalizar la invasión y permitir la expropiación son algunos de los temores expresados por sectores de colombianos alrededor del proyecto de jurisdicción agraria que ya fue radicado en el Congreso y que iniciará su discusión en los próximos días.

Si bien se espera que esta nueva jurisdicción resuelva de manera más eficiente los conflictos por la tierra, también se vislumbran riesgos para la propiedad rural y la estabilidad social en algunas regiones del país.

Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa es la posibilidad de expropiación de tierras. Si bien el proyecto de ley establece salvaguardas para garantizar la propiedad privada, la figura de la expropiación por motivos de utilidad pública o interés social sigue generando debates.

Para la senadora de Centro Democrático Paloma Valencia el proyecto crea “una especie de expropiación vía la propia jurisdicción, porque dentro de los fines está la justicia y la equidad en la tenencia de la tierra, y lo quieren extender a todos los negocios que tienen que ver con el agro. Es decir, si un supermercado le compra a los campesinos, va a quedar sujeto a la jurisdicción agraria”.

Además, ha insistido en que “con este proyecto se acaba la inversión en el campo colombiano: todos los que estén invirtiendo hoy, van a sentir pánico, porque el proyecto, primero, legaliza la invasión, usted tiene un invasor y el invasor tiene algún cultivo de pancoger, y ya nadie, ni siquiera un juez, lo va a poder sacar de la tierra”.

De su lado, los defensores de la reforma argumentan que la expropiación es necesaria para garantizar el acceso a la tierra a quienes más lo necesitan y para cumplir con los objetivos de la reforma agraria.

Sin embargo, los críticos advierten que esta figura podría generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión en el sector agrícola.

“La implementación de la expropiación requerirá de mecanismos claros y transparentes para garantizar que se realice de manera justa y equitativa”, opina Germán González, consultor y analista político.

De otro lado, comenta que “sí hay un riesgo de que la iniciativa sea instrumentalizada políticamente, dado que sus decisiones influyen en la redistribución de tierras y el poder local”.

Para evitarlo, indica que es fundamental garantizar la independencia judicial y la transparencia en los procesos de selección de jueces.

También, fuentes consultadas advierten que la jurisdicción podría generar tensiones entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, especialmente en la ejecución de decisiones judiciales.

“Una coordinación interinstitucional efectiva será crucial para evitar conflictos entre los niveles de Gobierno y asegurar la implementación coherente de las decisiones judiciales en el ámbito rural”, señala el analista.

Las oportunidades

A pesar de los riesgos, la implementación exitosa de esta jurisdicción podría tener un impacto positivo en el desarrollo rural de Colombia.

Al proporcionar un marco legal claro y accesible para resolver disputas sobre la propiedad y el uso de la tierra, se podría fomentar un entorno más seguro y estable para la inversión en el campo, indican algunas fuentes a la iniciativa legislativa, que ya fue aprobada como ley estatutaria.

“Podría estimular la producción agrícola, mejorar la seguridad alimentaria y contribuir al desarrollo de las comunidades rurales”, explica el analista González.

A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo que es falso que se quiera facultar a la Agencia de Tierras para expropiar, sino que “el interés del Gobierno es saldar una deuda histórica que el país tiene con las comunidades rurales de Colombia. Hacemos un llamado a dar este debate con argumentos, reconociendo el contexto y, sobre todo, sin revivir fantasmas para desviar la discusión”.

¿Cómo operaría?

Según el proyecto de ley en trámite, la Jurisdicción Agraria y Rural contará con jueces especializados que conocerán de primera mano las realidades del campo.

Estos magistrados estarán facultados para resolver conflictos de manera más ágil y cercana a las comunidades, utilizando procedimientos que promuevan la oralidad, la celeridad y la participación de las partes.

Sin embargo, la implementación de esta jurisdicción plantea diversos desafíos. Según el analista Germán González, “el principal desafío es la aprobación del proyecto, que aún debe definir las competencias y procedimientos para la Jurisdicción Agraria y Rural, lo cual es crucial para que la jurisdicción pueda operar”.