Seguridad, bienestar social y democracia

Sin seguridad y bienestar social, es muy difícil que exista democracia en cualquier parte del mundo. No se puede desligar una cosa de la otra y menos reducirlas a banderas de la derecha, del centro o de la izquierda, porque, sencillamente, están muy relacionadas con el derecho universal de los seres humanos a la convivencia pacífica y a vivir mejor.

Esa realidad, en mi opinión, está ligada, en toda democracia, a la existencia de nortes éticos, entre los cuales se encuentran la cero tolerancia frente a la violencia, la corrupción y las desigualdades sociales.

En el caso colombiano, es bueno anotar que, sin estar completamente de acuerdo con todas las políticas gubernamentales del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de las diferencias, también es justo reconocer que tiene razón al plantear una política de combate contra todas las manifestaciones de corrupción, violencia y demás actividades criminales de los diversos grupos armados ilegales. La mayoría de estas actividades se alimentan de recursos económicos provenientes de negocios relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción administrativa y el inhumano secuestro de seres humanos.

Por tanto, es completamente falsa la tesis según la cual se vulnera el derecho de las personas a la libertad cuando se mantiene una política de cero tolerancia frente a la violencia y la corrupción, vengan de donde vengan y las cometa quien las cometa.

En ese orden de ideas, y cuando estoy a las puertas de cumplir 80 años a finales del presente mes, la experiencia de vida y el sentido común me han enseñado que son los grupos armados ilegales, llámense guerrillas, autodefensas, paramilitares o delincuencia común, los que, con sus acciones criminales, más contribuyen a mantener en Colombia una política antidemocrática y a violar tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario.

Como demócrata, sin pertenecer a ningún partido o movimiento político, considero de suma urgencia que, en Colombia, los diversos sectores políticos de la población, sean de derecha, de centro o de izquierda, se unan en la diferencia para combatir todas las manifestaciones de inseguridad, corrupción y desigualdad social, y para hacer realidad los mandatos democráticos de la Constitución Política de 1991.

En la búsqueda de esos propósitos políticos y sociales mínimos, de carácter democrático, considero completamente falsa la tesis según la cual combatir, desde los ámbitos militar, político y social, a los diversos grupos armados ilegales o cualquier otra actividad ilícita es una política de derecha. Lo concreto y real es que las actividades de los grupos armados ilegales, así como las de las personas que siempre ven al Estado como su vaquita lechera, son las que realmente conspiran contra el derecho de la gente a vivir con seguridad, bienestar social y en democracia.

Por eso, a esta altura de mi vida, y después de haber conocido a muchas personas que terminaron bebiendo el agua que antes decían que no beberían, con todo el valor democrático y ético que siempre me ha caracterizado, me atrevo a manifestar, una vez más, que la existencia de los diversos grupos armados ilegales, así como la violencia, la corrupción y el terror que generan, deben acabarse definitivamente en el país, a fin de que podamos vivir en democracia y con bienestar social.

En la búsqueda de esos propósitos democráticos y progresistas, considero completamente falsa la tesis según la cual combatir, desde los ámbitos militar, político y social, a los integrantes de los diversos grupos armados ilegales o cualquier otro tipo de actividad ilícita constituye una política de derecha o antidemocrática. No olvidemos que dichos grupos armados ilegales han terminado siendo los principales promotores de una política de odios y sectarismos políticos, en la que, para ellos, lo que más cuenta es el oro y el dinero, mientras que lo que menos cuenta son los seres humanos, empezando por los niños y las niñas.

Además, hace tiempo les cerraron las puertas al diálogo y al entendimiento con el Estado colombiano para poner fin, de manera definitiva, a tantos años de violencia y terror en Colombia.