Saber perder

El terremoto, sucedido 3 días después de la posesión del Presidente De la Espriella, cambió las prioridades de su agenda. El sismo ha demostrado la solidaridad y el empeño de la sociedad civil y de los ciudadanos por confrontar y superar la dolorosa situación. Los gobiernos locales han respondido y el Gobierno nacional ha ofrecido ayudas y ha propuesto una emergencia económica. Su ejecución dirá si conduce a resultados positivos para la población afectada. Pero, en pocos días, el Gobierno también ha puesto en práctica políticas en diversos campos, según su objetivo de lograr una ‘Patria Milagro’.

Hay que reconocer que ganó la contienda electoral y desear que gobierne para el bienestar de todos los colombianos, dentro del marco constitucional y del Estado de derecho. Pero, en mi perspectiva, hay que ‘saber perder’ y desarrollar una oposición reflexiva, apoyada en la libertad de crítica. Son muchos los temas propuestos en la agenda del Gobierno que se sustentan en fundamentos filosóficos ultraconservadores. Me detengo en dos: la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

La seguridad y no la paz fue el tema central en la campaña del actual Presidente. Un importante analista en este campo, Hugo Acero, afirma en su columna de El Tiempo del 17 de agosto que De la Espriella tiene la voluntad política para asumir los retos y recuperar la seguridad de los ciudadanos. Esto es cuestionable. Al desmenuzar la estrategia gubernamental, el eje central tiene que ver con la militarización represiva de la sociedad subalterna para acabar con el crimen, rural y urbano.

Es cierto que se requiere recuperar la capacidad operativa y la inteligencia de la Fuerza Pública, pero, ante todo, se requiere aumentar su legitimidad y reconocimiento entre la población, especialmente la más pobre y vulnerable. Los focos de criminalidad no se anidan solamente en los sectores marginales, de mestizos, indígenas y negros. Craso error pensar que en sus territorios debe estar focalizada la militarización, cuando lo fundamental es acercar allí la relación entre Fuerza Pública y población civil. El crimen organizado y cotidiano está entroncado desde arriba a lo largo de la estructura social. La militarización de la sociedad no es la solución, ni aquí ni en el Salvador de Bukele.

En la lucha contra el narcotráfico, eje vertebral pero no único de la criminalidad, el Gobierno se acoge a las directrices del Gobierno Trump, olvidándose de lo que hemos avanzado sobre el tema. Es decir, llegarán de nuevo las fumigaciones, los operativos de guerra contra los capos, ahora desarrollados conjuntamente entre las fuerzas colombianas y norteamericanas, el bombardeo de lanchas en alta mar con el asesinato de sus ocupantes, las incautaciones de droga, exclusivamente en el país de origen. Se hace nítido que se regresa a la ‘guerra contra las drogas’ de antaño, librada en los países de América Latina.

Se pierde la noción de una responsabilidad recíproca con el principal país consumidor. Desaparece la continuidad del control que debe ejercerse sobre las redes mafiosas que hacen posible que la droga llegue a los hogares y personas consumidoras. Se había avanzado notablemente al no victimizar, en primer lugar, a los campesinos productores, en desmantelar los centros de procesamiento de droga, en identificar a las organizaciones del comercio ilícito, en incautar droga en tránsito, en afectar las propiedades de los narcotraficantes, en llevarlos a juicio y extraditarlos. Tal vez poco se avanzó en proponer alternativas de legalización progresiva y controlada, según el tipo de droga. Son muchos los temas adicionales que ameritan reflexión, mostrando que las alternativas gubernamentales no son necesariamente las apropiadas para una Colombia más justa, equitativa y democrática.