POT, desarrollo urbano y medio ambiente

Soy uno de los caleños que siente el corazón arrugado al observar los suelos de nuestro pie de monte deforestados, con heridas profundas causadas por la erosión y propiciadas por el abandono. Peor aún es constatar la multiplicación abusiva e ilegal de edificaciones que presentan riesgo para sus moradores y profanan los cerros tutelares.

La frustración se torna en sentimiento de tragedia ante los incendios forestales ocurridos en cada verano, como aquellos de agosto y septiembre pasados, que consumieron alrededor de trescientas hectáreas de pastizales y bosques en las zonas suburbanas. Cientos de miles de animales silvestres murieron calcinados en los predios de un Distrito cuya administración ha proclamado el propósito de convertirse en referente mundial de la biodiversidad.

El jueves 17 de septiembre, cuando en el norte de Cali las llamas avanzaban hacia mi casa, estuve cerca del desespero. Cielo despejado, sol resplandeciente, termómetro por encima de los treinta y cuatro grados centígrados, viento incesante, vegetación reseca y candela avanzando incontenible. Los bomberos, con abnegación y disciplina, hicieron lo posible por contener el fuego, pero las condiciones eran demasiado desfavorables.

Tres días después del acontecimiento y como lo he hecho en otras oportunidades, subí caminando a las lomas afectadas. Todo, en tres o cuatro kilómetros a la redonda, estaba calcinado. Ni una hoja de vegetación a salvo. Menos aún rastros de ave alguna, ardillas, guatines, zorritos, iguanas, lagartijas e insectos. Yermo sobrecogedor, erial absoluto, y una capa gruesa de aquellas cenizas que por días espolvorearon la parte plana.

Durante mi recorrido vi en la distancia que la vegetación de las zonas aledañas a los barrios y asentamientos urbanos existentes se había salvado. Tal sucedió con el vecindario de la parcelación Santillana de los Vientos, Alto Vagón, Las Colinas Dos y El Pedregal. Este resultado favorable tuvo que ver con el esfuerzo de los moradores para mantener hidratada la vegetación circundante, mientras la disposición del servicio público de acueducto facilitó la actividad del cuerpo de bomberos.

Pero la pregunta de fondo es si Cali, con el mismo modelo de política ambiental introducido por el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014, podrá librar sus cerros y el pie de monte de la ocupación desordenada; si podrá evitar el infierno que periódicamente consume la fauna silvestre. Más aún, es necesario cuestionarse si un modelo que no está funcionando nos permitirá ser reconocidos como ‘Capital mundial de la biodiversidad’, según el deseo expresado por nuestro Alcalde.

La estrategia controversial que adoptó Cali en el 2014 y fue repetida por el primer borrador del nuevo POT se basa en la multiplicación de zonas de protección bajo la figura de los denominados ecoparques. Estas son áreas de discutible sustento legal dispuestas sobre los bordes de la ciudad, creadas sin que se escuchara a sus propietarios ni a las comunidades impactadas y donde se proscribe cualquier utilización del espacio. Una circunstancia que hace perder el interés de los dueños sobre los predios y los convierte en tierra de nadie. Estudios serios de la firma mexicana Prosperia señalan que el 69 % de las viviendas irregulares de la ciudad se asientan en suelos de protección.

El absurdo llega hasta el punto de que los ‘ecoparques’ próximos a desarrollos urbanos no pueden usarse para solucionar las necesidades de zonas verdes reportadas por asentamientos cuyos habitantes carecen de lo esencial. Aunque se trate de usos compatibles con la protección del ecosistema, se los ha proscrito.

Más allá de la situación descrita, el déficit de vivienda incrementado por el terremoto muestra la urgencia de contar con áreas adicionales de desarrollo. El asunto no puede resolverse como pretendió el proyecto de POT en revisión, expulsando fuera de Cali más de sesenta mil soluciones, proceder que golpearía las finanzas del distrito al quitarle cuantiosos ingresos por predial, tasas, derechos y servicios públicos.

Proponer soluciones para las necesidades de la ciudad en materia de hábitat, integrando al efecto nuevos territorios, no es la expresión de un codicioso gremio constructor y quienes lo orientan. Es, por el contrario, ejercicio de responsabilidad social ineludible. La realidad y la experiencia de otras latitudes demuestran que una habitabilidad humana controlada, sintonizada con los requerimientos medioambientales, enmarcada en una política urbana razonable, representa garantía de conservación del medio ambiente.

En buena hora hay señales de que el equipo renovado de Planeación Distrital tiene la voluntad de llegar al fondo en materia de soluciones sostenibles sobre estos temas. Lo deseable es que el asunto de la expansión se mire de manera integral, desapasionada, libre de fundamentalismos. A este propósito sería útil revisar las experiencias de otras ciudades como Medellín, que con su estrategia de bordes ha podido hacer compatibles las necesidades del crecimiento urbano y la protección del medio ambiente.