Octubre

Las elecciones subestatales -gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos- siempre han sido un punto de referencia para el futuro electoral de las fuerzas políticas en contienda. Perderlas y, luego, ganar las presidenciales no parece ser lo que inspira la actividad electoral de los partidos.

Fueron las fuerzas de izquierda las que lograron que se introdujera la elección popular de alcaldes, la primera en 1988 durante la administración Barco. Esta fue la gran puerta de entrada de las fuerzas políticas diferentes al liberalismo y al conservatismo al control de sectores del poder. Fue una gran concesión política de Belisario Betancur con ocasión de su frustrado Proceso de Paz. Bogotá fue el principal objetivo y, así, una sucesión de alcaldes de izquierda o alternativos lograron desbancar al liberalismo de su principal fortín político. Y así debilitaron, también, su presencia mayoritaria en las alcaldías de las capitales de los departamentos. Recuerdo que, en 1986, Virgilio Barco como candidato liberal ganó en todas las ciudades capitales.

Octubre de 2023 es, ante todo, un tremendo desafío para la izquierda en todas sus versiones, porque ellas entrañan un poderoso significado para el gobierno que preside Gustavo Petro, para el resultado de la elección presidencial de 2026 y para la consolidación de la izquierda como una alternativa viable y permanente de gobierno en Colombia. Es que quieren sustituir del todo al Partido Liberal. Para eso el enfrentamiento con el expresidente César Gaviria.

El triunfo de Petro no se entiende sin Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Y ahora quieren mantener ese capital electoral y ampliarlo a otras, ojalá todas las demás ciudades capitales.

Las encuestas no ofrecen optimismo con respecto a esta expectativa. Se han cometido tantos errores, se ha desperdiciado la mejor oportunidad de gobernabilidad democrática al despreciar la coalición con el conservatismo, la U y el liberalismo. Y tradiciones muy propias de la cultura política colombiana que han sido claves y que alimentaban el respeto y la confianza hacia las más altas autoridades. El ambiente de escándalos exacerba el desagrado de los colombianos, y, en consecuencia, su percepción del actual gobierno. Han sido mucho más eficaces negativamente acciones gubernamentales que acciones de una oposición que no logra coordinarse. Lo peor resulta de castigos autoinfligidos por altos funcionarios. Inédito. Inesperado. Increíble.

Las elecciones de octubre están contaminando todo el proceso político y la acción gubernamental. Las indicaciones vehementes y contundentes del presidente Petro en su discurso frente a la Casa del Veinte de Julio pueden chocar con el espíritu de la Ley de Garantías Electorales que entiendo no rige ahora. El tema de las Asambleas Populares promovidas por ministros y altos funcionarios para tomar decisiones con participación popular, en pleno proceso electoral, pueden tener un carácter que, reiterémoslo, viola el espíritu de la Ley de Garantías. Y así tendríamos un ambiente de confrontación muy inconveniente para unas elecciones que tienen un carácter mucho más significativo que las que han ocurrido en el pasado.

Y es que la orientación presidencial en esta materia es implacable. No solamente hay que convocar esas asambleas y tomar allí decisiones que pueden desconocer la institucionalidad sino que el ministro o alto funcionario que no las realice tendrá que irse del gobierno. Muchos ven estas orientaciones como una estrategia cuasi-revolucionaria ante la pérdida de gobernabilidad democrática. Por ahora, debe preocuparnos que sea apenas una estrategia meramente electoral.