Columnistas
La verdadera reconstrucción
Si el Estado ayuda temporalmente a una familia con el arriendo mientras recupera su vivienda, también debería ayudar a un negocio mientras recupera su lugar de trabajo
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2 de sept de 2026, 12:27 a. m.
Actualizado el 2 de sept de 2026, 12:27 a. m.
Tres semanas después del terremoto, y tras priorizar salvar vidas, el país discute cómo levantar lo que se cayó. Pero hay que tener presente que no solo se cayó infraestructura: también se golpeó la economía.
Una familia puede perder su casa, su patrimonio y, al mismo tiempo, el lugar donde trabaja. Una empresa que no logra reabrir pierde clientes, empleos y mercados que tomó años construir. Ese es el riesgo de una segunda crisis: daños permanentes en los ingresos de miles de hogares.
Hay que reconocer lo decidido, que ha sido mucho en poco tiempo. El Gobierno declaró la emergencia económica, creó el Fondo Milagro y amplió Obras por Impuestos a los municipios afectados. La Gobernación arrancó la reconstrucción, radicó siete ordenanzas y anunció créditos a cero intereses. La Alcaldía llevó alivios tributarios al Concejo. Las cámaras de comercio y los gremios han respondido con propuestas y recursos. Nada de eso sobra.
Pero un plan de reconstrucción no puede limitarse al tejido físico. Tiene que reconstruir tres capas a la vez: física, social y económica. Si avanzamos solo en la primera, tendremos edificios nuevos en una región más pobre.
El Valle tiene alrededor de 164.083 empresas y ya se identificaron más de 9300 afectadas, cerca del 6 % del tejido empresarial. Al mismo tiempo hay 62.594 viviendas afectadas. Muchas familias están en las dos cuentas: perdieron la casa y el ingreso.
El 41,8 % de las empresas afectadas necesita reparar instalaciones y equipos; el 37,3 %, capital de trabajo; y el 16,9 %, recuperar clientes. El 65,4 % pide recursos no reembolsables y apenas el 12,5 %, crédito nuevo.
Lo ofrecido, en cambio, es casi todo crédito. El andamiaje descansa sobre el instrumento que pide una de cada ocho empresas, y un activo destruido no genera el ingreso con el cual pagar la cuota.
Por eso la respuesta no puede ser un único producto financiero. Propongo cuatro etapas: salvamento, para cubrir arriendo, nómina y servicios; reconstrucción, para reponer equipos e inventarios, combinando crédito con apoyos no reembolsables donde hubo pérdida de activos; estabilización, para recuperar capital de trabajo y clientes; y transformación, para las empresas que puedan invertir y crecer. Hay que medir los empleos protegidos, recuperados y creados.
Si el Estado ayuda temporalmente a una familia con el arriendo mientras recupera su vivienda, también debería ayudar a un negocio mientras recupera su lugar de trabajo. No es sostenerlo indefinidamente: es continuidad empresarial, condicionada a reabrir y conservar empleos. Manizales ya lo hace. Aquí podría complementarse con alivios temporales de ICA atados a la reapertura.
Sobre lo ya decidido, la recomendación es una: velocidad. La emergencia rige treinta días y los alivios solo existirán cuando se expidan las normas que los desarrollen. El apoyo a la nómina está anunciado, no reglamentado. En la pandemia el PAEF llegó dos meses después del cierre, cuando las decisiones de despido ya estaban tomadas, y sus requisitos dejaron por fuera a muchas de las empresas más pequeñas.
El Fondo Milagro no debería ser solo una bolsa de recursos públicos y donaciones, sino una plataforma que combine capital territorial, privado, cooperación internacional e inversión de impacto, con cartera de proyectos, garantías y gobernanza transparente. Cada peso público debe atraer varios más.
Y hay que recuperar la demanda, no solo la oferta. Si un destino está habilitado y es seguro, necesitamos que vuelvan los visitantes. Un incentivo tributario temporal al turismo consumido en los municipios afectados, con fecha de terminación y metas de ventas y empleo, puede recuperar actividad que hoy no estamos recibiendo. Reconstruir no es solo reparar lo que se cayó: también es hacer funcionar lo que quedó en pie.
Todo se junta en la infraestructura social y la conectividad. Hay 847 centros educativos con daños, decenas de centros de salud fuera de servicio y 37 corredores viales y 11 puentes afectados. El golpe fue rural: de las casi 10.000 viviendas destruidas, 9906 están fuera de Cali.
Estamos reconstruyendo municipio por municipio, cuando el daño es subregional. Reparar un tramo no sirve si la vereda sigue sin llegar al hospital, al colegio o al centro de acopio del municipio vecino. Por eso las vías deberían planificarse por microrregiones: una vía reparada no solo comunica personas, reconecta ingresos.
Mientras se reconstruyen los colegios, nodos que permitan usar la capacidad instalada del Sena, las universidades y las instituciones vecinas pueden resolver el intervalo. Los edificios tardan años; los estudiantes no pueden esperarlos. Para reponer todo eso tenemos Obras por Impuestos y asociaciones público-privadas.
La reconstrucción tampoco puede ser la excusa para aplazar otra vez los proyectos estratégicos. El Tren de Cercanías es renovación urbana; el aeropuerto, la puerta del turismo que necesitan los municipios golpeados; Mulaló-Loboguerrero y el dragado, la competitividad que sostiene el aparato productivo. No son obras de cemento: son infraestructura económica que genera empleo y demanda local mientras se construye.
Esta región se levantó de la explosión del 56, del narcotráfico, de una pandemia y de un estallido social, siempre con talento, capacidad empresarial y resiliencia. Y siempre lo hizo trabajando junta.
La verdadera reconstrucción no termina cuando se levante el último muro. Termina cuando cada familia recupere su casa, su ingreso y su comunidad, y cuando de esta crisis salgamos mejor de lo que estábamos antes.
@edwinhmaldonado

Economista con maestría en políticas públicas.







