El día después

El domingo se cierra, aparentemente, un ciclo electoral particularmente intenso. Independiente de quién resulte presidente electo, hay una pregunta que las empresas, los gremios y el tercer sector deberían hacerse antes de conocer el resultado: ¿cuál es su rol el lunes siguiente?

Vale la pena partir de una distinción que en momentos de polarización tiende a perderse: no es lo mismo relacionarse con un gobierno que con la institucionalidad.

La primera es coyuntural y responde a una agenda política específica de cuatro años. La segunda es permanente, antecede y sobrevive a cualquier gobierno, y sostiene la previsibilidad que necesita cualquier actor económico para planear a largo plazo.

Las empresas que entienden esa diferencia navegan mejor los tránsitos de poder. No porque sean indiferentes al resultado —nadie lo es genuinamente—, sino porque construyen su relacionamiento sobre las reglas de juego, no sobre quién las administra en un momento dado. Esa base institucional permite seguir operando sin reinventar la estrategia con cada cambio de gobierno.

Sobre el vínculo con el gobierno, el desafío no es elegir bando antes o después de una elección, sino sostener canales técnicos de diálogo sobre los temas que afectan la operación del país: certidumbre tributaria, marco laboral, seguridad jurídica, condiciones para la inversión. Esa conversación debería darse con cualquier gobierno legítimamente constituido, sin que implique adhesión ideológica con quien gane. Y se vuelve más sólida cuando se construye colectivamente -a través de gremios y espacios de representación compartida- que cuando queda en manos de gestiones individuales o vocerías personales. Lo colectivo diluye el riesgo de parecer alineado con un proyecto político específico.

Sobre la interacción con lo público, conviene revisar una posición que muchas empresas asumen casi por reflejo: el silencio. Es entendible la prudencia del sector privado -toda organización cuida, con razón, su interés particular-, pero en un momento como este no basta como brújula; hay que cuidar también el interés común. La opción no es callar: es sentar posición, alzar la voz, pero en torno a la institucionalidad y no frente a un candidato en particular. Defender el respeto al resultado, la transparencia del proceso y la independencia de los organismos electorales y judiciales no es tomar partido político: es ejercer una incidencia genuina sobre lo que sostiene la confianza colectiva.

Empleados, clientes, proveedores y accionistas rara vez coinciden en quién debería ganar, pero sí en que las reglas del juego deben respetarse. Esa es la plataforma desde la cual las empresas pueden tender puentes: no para inclinar la balanza hacia una candidatura, sino para proteger lo que permite que cualquier resultado sea legítimo y sostenible. La incidencia bien entendida no divide; busca, por encima de todo, mantener la confianza en el país.

Sobre el relacionamiento institucional, hay un activo que conviene no confundir con el ciclo electoral: la relación con entidades técnicas y de control —el Banco de la República, las superintendencias, los organismos electorales, la rama judicial— que operan, o deberían operar, con independencia del resultado presidencial. Mantener esos vínculos sólidos y despolitizados da continuidad real más allá de cualquier transición de gobierno, y es posiblemente el ejercicio más subestimado por las organizaciones en momentos de alta tensión electoral.

Entonces, la reflexión de fondo es esta: los procesos electorales definen quién gobierna, pero no qué tipo de país queremos seguir construyendo desde las organizaciones que lo habitan. Esa segunda pregunta -la de la institucionalidad, la previsibilidad y la confianza pública- es la que realmente está en juego cada vez que una empresa decide cómo posicionarse frente a la política. Y conviene responderla antes del resultado, para no improvisar después.