El civismo debe ser un compromiso de todos

Cristian Garzón, un vigilante de Transmilenio fue asesinado el pasado viernes en Soacha durante un ataque de parte de dos colados que lo agredieron por evitar pagar un pasaje. Cristian tenía 27 años y toda una vida por delante, y ha dejado una familia devastada. ¡Qué inmensa tristeza!

Los agresores en este momento se encuentran presos, luego de que un juez de control de garantías diera una medida preventiva de aseguramiento. Como país debemos exigir que les caiga todo el peso de la ley y que historias como esta no vuelvan a repetirse. La vida no puede seguir valiendo tan poco en Colombia, hasta el punto de que hay quienes están dispuestos a herir y asesinar por el valor de un pasaje de bus. Por un lado, el civismo se hace más necesario que nunca, pero por el otro se requiere de instituciones que funcionen y que los violentos no cuenten con una impunidad garantizada.

La anarquía no puede seguir dominando en el espacio público colombiano, dejando a diario víctimas en todo el territorio nacional. Lo que dos criminales le hicieron a Cristian a plena luz del día y mientras cumplía con su trabajo es algo que sufren cientos de colombianos cada año. El problema es que nuestro sistema judicial parece premiar la reincidencia y, de manera indignante, vemos con inmensa frecuencia que delincuentes que son capturados mientras amedrentan a la ciudadanía con armas y ponen las vidas de muchos en riesgo terminan siendo dejados en libertad en cuestión de 48 horas. No hay forma de combatir el crimen cuando la propia ley parece garantizar a los criminales que se saldrán con las suyas.

Por eso, es urgente que el civismo vuelva a ser un valor ciudadano promovido por todos los sectores de la política y que el respeto –o al menos el temor– hacia la ley sea profundizado desde una justicia que realmente funcione. Para esto, el país necesita un compromiso de todos los sectores políticos, especialmente de los partidos de izquierda que han tratado con preocupante benevolencia a los colados y que han legitimado con ambigüedad que en las protestas se destruya la infraestructura del transporte público. El derecho de cada colombiano a regresar a casa a diario debe ser respetado y protegido, y este es el gran desafío que todos los gobiernos deben tomar en serio.

Al mismo tiempo, debemos pedir que vuelvan con urgencia los controles de la Policía para el desarme en el transporte público en las ciudades. Los usuarios y trabajadores de estos sistemas merecen tener la tranquilidad de que un antisocial no los va a atacar ni que su vida estará en riesgo por cuenta de alguien que busca despojarlos de sus pertenencias. La violencia, los atracos y la anarquía no pueden volverse paisaje en un sistema que debe ser protegido especialmente por la Fuerza Pública, y este es un problema que los políticos deben resolver con urgencia.

También es inaplazable enfrentar esa narrativa mentirosa que justifica y defiende a los ‘colados’ de los sistemas de transporte en Colombia y les entrega un estatus casi político, como si se tratara de protestas o gestos de la llamada ‘desobediencia civil’. Los gobiernos deben poder comunicar con efectividad que colarse es un robo a la ciudad y a los demás usuarios, y que hace mucho más inseguro un sistema de transporte. Es hora de que algunos colombianos dejen de romantizar y legitimar esta forma de robo.

Ninguna familia merece pasar por el momento de desolación y dolor que hoy atraviesan los seres queridos de Cristian Garzón. Tristemente, son cientos de colombianos los que pasan por situaciones parecidas cada año, por cuenta de un problema que conocemos desde hace décadas y ante el cual ningún sector político parece ser capaz de ofrecer una solución real.