Cárcel y libertinaje a medida

En marzo de 2026, el Inpec contaba con 102.949 presos para unos 81.000 cupos, lo que representaba un hacinamiento del 27 %. De ellos, 84.349 estaban condenados y 18.600 esperaban juicio. Otras 50.000 personas cumplen la pena en casa por cárcel, vigiladas por apenas 6000 brazaletes electrónicos. Uno de cada cuatro condenados es reincidente. El 18 % de los sentenciados a ‘casa por cárcel’ y el 21 % de quienes llevan brazalete ya tenían una condena previa. El Valle del Cauca aporta uno de cada siete casos del país, más que cualquier otro departamento.

Esa reincidencia no se reparte por igual. En un patio común se duerme por turnos, en el piso o en hamacas amarradas a los barrotes, a un metro de la letrina. Seis hombres comparten una celda para dos, sin aulas, sin talleres, sin psicólogo y sin rehabilitación. Ese encierro no devuelve ciudadanos, sino hombres con deudas criminales, listos para volver al crimen. La Corte Constitucional lo ha declarado tres veces, en 1998, 2013 y 2015: las condiciones carcelarias violan masivamente los derechos de los presos. Junto a esa cárcel existe otra, hecha a la medida de unos pocos, donde la condena es apenas un cambio de oficina.

El Inpec tiene Centros Especiales de Reclusión en Bogotá, Cali, Sincelejo, Pasto, Riohacha y Corozal, varios en instalaciones policiales o militares y algunos habilitados para un solo interno. El país ignora cuántos de estos centros existen, cuánto cuestan y qué estudio de riesgo justificó cada cupo. Esas cifras pueden publicarse sin exponer a nadie y auditarse desde la Procuraduría o la Defensoría. Una excepción que no se explica se parece demasiado a un favor.

En septiembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontarlos. No es nuevo: exgobernadores, exsenadores y exalcaldes condenados han seguido moviendo la política regional desde la celda. La opinión pública ha recibido con beneplácito el fin de las cárceles doradas. Pero llevar a los poderosos a prisiones hacinadas corrige una desigualdad, no el problema.

El privilegio también habita los patios comunes. En abril, tras una parranda vallenata con artista contratado en la cárcel de Itagüí, el Inpec incautó 62 neveras, televisores y un módem de wifi. Este mes, 120 internos de Buenaventura fueron trasladados, acusados de dirigir la extorsión de Los Shottas y Los Espartanos. En muchos patios mandan las bandas criminales, que reclutan a quien entra por un delito menor y lo devuelven a la calle con deudas y lealtades nuevas.

Se sabe que las conexiones eléctricas clandestinas cargan los celulares con los que se intimida a miles de personas y se ordenan homicidios. Nada de eso ocurre sin complicidad interna. ¿Cómo tiene una celda energía e internet, y tanto poder sobre la vida de la ciudad? En enero, el director del Inpec admitió que ninguno de los 16 bloqueadores de señal del país funcionaba. Unos eran obsoletos y otros los apagaron los jueces para proteger la señal de los vecinos.

Se anticipa un alud de tutelas contra los traslados. Ahí se verá si la igualdad ante la ley resiste al primer juez. Porque ya es hora de ponerles un alto a los privilegios, a las neveras, al wifi y a los pabellones hechos para un solo apellido o para una banda criminal. La cárcel debe devolver ciudadanos, no administrar el crimen ni premiar contactos. Una justicia que cambia en la puerta de la cárcel deja de ser justicia y pasa a ser libertinaje a la medida.