¿Arquitectura especular?

La ‘Torre transparente’ que ahora proponen para que el Municipio de Cali no se vea obligado a desmontar la estructura metálica que se levantó en el Colegio de la Sagrada Familia, en El Peñón, demoliendo parte del mismo, la que, como ya había informado El País (13/05/2016), Planeación Municipal había ordenado suspenderla “de forma provisional” por no “estar cubierta en la licencia aprobada”; y a la que se le han hecho posteriormente importantes modificaciones como se puede comprobar comparando las imágenes con que se promocionaba el proyecto (https://www.google.es/#q=la+sagrada+familia+cali).

Y desde luego tal ‘torre’ no sería transparente, pues no permitiría ver con nitidez a través de ella, como el DLE define la palabra, e interferiría la vista desde la ciudad hacia su parte alta y la cordillera, y desde la parte alta de la ciudad hacia la baja con el amplio valle del río Cauca atrás. Pero sí sería un insólito ejemplo de una ‘novedosa’ arquitectura falsamente especular, ya que no guarda la misma relación que la que tiene un objeto con su imagen en un espejo, como lo define el DLE; en este caso sólo se pretende reflejar o imitar el nuboso cielo caleño, como muestran las imágenes que acompañan a la propuesta (Caliescribe.com No. 618).

Pero lamentablemente se trata de un proceso poco transparente desde su inicio, y es preocupante la inoperatividad de los organismos públicos y privados que supuestamente deben velar por la correcta conservación del patrimonio construido. Ya sea por no contar con los instrumentos requeridos para su control, al cual están obligados por la ley, o sencillamente por la falta de interés de personas sin un conjunto de conocimientos que les permita un juicio crítico, al punto de que pareciera que para ellos no son Bienes de Interés Cultural. Y mientras tanto la orden de suspender los trabajos sigue “enredada” en la burocracia municipal (El País, 14 y 17/05/2016).

En la sentencia 172 del Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Cali, del 15/06/2016, se resuelve, primero, “NEGAR la acción de tutela […] con relación a los derechos fundamentales, a la propiedad privada, al trabajo y a la libre empresa”, solicitada en contra del autor de esta columna por lo escrito sobre las obras adelantadas en el colegio de La Sagrada Familia, en la que solo se comentaba lo informado por El País los días 12, 14, 17 y 19 de mayo de 2016, y El Tiempo el 17 de mismo mes, junto a lo sostenido en el Comité Municipal de Patrimonio, en el que participé, y al que renuncié precisamente por su inutilidad en el caso de dicho colegio.

También señalaba el incumplimiento de las normas existentes respecto a las intervenciones en los bienes inmuebles de carácter patrimonial y otras irregularidades respecto a la práctica de la restauración que se han cometido en el colegio de marras, como lo puede corroborar cualquier arquitecto restaurador, e igualmente se reclamaba la falta de control por parte de las autoridades respecto a la debida protección del Patrimonio Construido en Cali, y que cualquiera puede comprobar recorriendo el Centro, en donde se continúan demoliendo casas sin permiso, o en San Antonio volviéndolas restaurantes.

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