Autonomía de papel

Hace tres semanas, la administración de Abelardo de la Espriella anunció dos medidas que deberían colisionar y, sin embargo, coexisten. La primera consistió en una promesa mayúscula, definida por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como la agenda de descentralización más ambiciosa desde la Constitución de 1991. La segunda, apenas diez días después, llegó como una figura desdibujada, unas gerencias regionales que ni el propio despacho sabe detallar, ignorando cuántas serán, qué decidirán o de qué manera articularán con la estructura actual.

Esa estructura vigente, mientras tanto, acumula más de una década esperando una construcción definitiva. Las Regiones Administrativas y de Planificación, RAP, asomaron como figura jurídica en la Ley de Ordenamiento Territorial de 2011, y en 2019 el Congreso despachó otra norma destinada a robustecerlas. Hoy, siete años después de aquel pomposo segundo intento, el panorama sigue intacto, reducido a un simple comité de gobernadores que carece de fondos propios y depende por completo del permiso de Bogotá para mover un solo papel.

Al observar de cerca la dinámica de ese aval, surge la sospecha de que el error de diagnóstico radica en otra parte. El debate regional reciente se ha concentrado en la conveniencia de convertir estas figuras en entidades territoriales plenas, con recursos y atribuciones exclusivas. Es una discusión legítima pero incompleta, ya que el estatus jurídico no resuelve la verdadera carencia. Una RAP dotada de la máxima independencia, pero sin la aptitud técnica para ejecutar y rendir cuentas, fracasará exactamente donde tropezaron sus predecesoras, aunque maneje más fondos y se quede sin excusas para justificarlo.

Ninguna de las dos apuestas oficiales menciona a las RAP debido a una razón que pocos analistas desglosan, las competencias más fáciles de transferir son también las que reportan mayor rédito político, y ningún ejecutivo las cede de forma gratuita, menos al inaugurar un mandato.

Mientras la Ley de Competencias carece de un texto definitivo radicado en el Congreso, las gerencias proyectadas ya suscitan interrogantes que un experto en derecho administrativo resolvió sin rodeos al aclarar que eso no constituye descentralización, sino desconcentración, un canal directo entre la Presidencia y los territorios que pasa por encima de los mandatarios locales elegidos en las urnas.

La salida no se encuentra en otra disputa de organigramas. Antes de discutir si una región merece más dinero o una categoría jurídica distinta, el país tendría que exigirle lo mismo que a cualquier operador de recursos públicos, una unidad técnica especializada, con presupuesto protegido, indicadores públicos y auditoría externa, capaz de gestionar y evidenciar resultados en cifras. En el pasado se aplicó esa lógica a las regalías al condicionar los fondos a proyectos con impacto comprobado, por lo que extender ese criterio a las RAP resultaría coherente y mucho más barato que improvisar una gerencia paralela. La autonomía sin aptitud demostrada no descentraliza, solo traslada el mismo fracaso a otra escala, cambiando apenas el letrero de la entrada.

En el fondo, nada de esto se reduce a un dilema de ingeniería institucional para especialistas, una discusión que importa porque esa realidad golpea al mapa del Pacífico, donde Chocó, Cauca y Nariño arrastran tasas de pobreza multidimensional muy por encima del promedio nacional, con el territorio chocoano duplicando con creces ese indicador, una brecha profunda que cada año perdido sin capacidad instalada contribuye a perpetuar.

El país no requiere otra gerencia en el papel, le urge, por fin, un freno en seco a la política que reparte recursos a ciegas, bajo la certeza de que el verdadero federalismo empieza cuando el dinero público se mide por las vidas que transforma, no por los contratos que acumula.

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Claridades: Con la premura habitual asoma el carnaval de candidatos a alcaldías y gobernaciones, un desfile de liderazgos de opereta en el que nadie cree pero todos toleran. Lo que sigue sin aparecer es un solo aspirante capaz de decir, sin rodeos, hacia dónde encauzar el desarrollo regional para dejar de tragar entero.