Tomar justicia por mano propia, una conducta que preocupa a las autoridades en Cali

La justicia por mano propia, que suele evidenciarse cuando personas linchan o agreden a otra señalada de cometer un presunto delito, saltándose la labor de las autoridades, sigue siendo un problema recurrente en toda Cali.

Solo el pasado jueves, un presunto ladrón fue herido con arma blanca luego de haber cometido un hurto en el centro de la ciudad. “Una señora fue abordada por un sujeto de 28 años que le robó el bolso. La comunidad del lugar ejerció justicia por sus manos y lesionó al presunto ladrón. Al final quedaron capturados la persona señalada de hurto y quien lo hirió con cuchillo”, contó la coronel Elsa Álvarez.

Las cifras evidencian que no se trata solo de un fenómeno a nivel municipal, pues entre enero y septiembre del año pasado la Policía Nacional registró 32 asesinatos en medio de linchamientos en Colombia.
Otro hecho que tuvo gran impacto fue el que ocurrió el año pasado en el barrio La Flora, en Cali, cuando un joven en moto intentó robar al conductor de una camioneta, quien desde el interior del vehículo le disparó dos veces y le provocó la muerte.

Carmen Jimena Holguín, docente de sociología de la Universidad Autónoma de Occidente, considera que uno de los motivos por los cuales estas situaciones ocurren son por “querer darle una lección a la persona que cometió el delito para que sienta que lo que hizo tiene una afectación”.

Otro elemento que está de fondo como justificación es que la ciudadanía siente que la institucionalidad del país encargada de estos casos no funciona, por lo que decide tomar la justicia por cuenta propia.
De acuerdo con la docente, estas reacciones se dan “cuando las personas actúan en defensa propia para tomar cierta revancha, y de alguna manera, solventar a través de esto, alguna afrenta que otra persona ha cometido contra un sujeto”.

Andrés Felipe Galindo, economista y analista, indica que “la justicia por mano propia toma fuerza por varias razones fundamentales. Una de ellas es la herencia del narcotráfico, lo que nos explica que nos acostumbramos y de alguna manera absorbimos esa conducta, la de ir en pro de la venganza.”

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Explica que hay un segundo aspecto y es “la alta tasa de impunidad en Colombia, en la que los delitos no son investigados, entonces la gente siente que hay que resolver los problemas por cuenta propia”. El profesional considera que esos temas se conectan uno con el otro, donde hay una influencia cultural, pero también una falla del sistema judicial.

Adicionalmente, Galindo considera que la mayoría de personas optan por la justicia por mano propia en lugar de realizar una denuncia ya que “el proceso es muy engorroso, demorado y el sistema mantiene congestionado. Los casos no son resueltos porque no hay fiscales, ni investigadores”.

Desde la perspectiva del concejal de Cali, Juan Martín Bravo, se deben considerar dos factores: “El primero es que la ciudadanía no cree en las instituciones, y el segundo es que ven que estas no están haciendo nada para garantizarles seguridad y tranquilidad”.

Por su parte, César Lemos, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia, responde que “la justicia por mano propia no es un fenómeno exclusivo de nuestra ciudad o nuestro país, es decir, no sucede por factores asociados a nuestra idiosincrasia, sino que está más orientada hacia la debilidad institucional en una sociedad”.

Sin embargo, el Subsecretario manifestó que “el débil sistema de justicia, los actos de corrupción asociados a la misma y la cantidad de trámites para agenciar un conflicto por medios legales, constituyen barreras para acceder a la justicia y, en consecuencia, justifican la justicia por mano propia en los caleños.”

Respecto a la complejidad del sistema, Germán Ayala, comunicador social con magíster en Estudios Políticos y docente en la Universidad Autónoma de Occidente, resalta que hay “un marco legal que favorece al delincuente en términos de bajas penas, procedimientos irregulares de las autoridades, y la reincidencia producto de los pocos procesos de resocialización que hay en las cárceles del país”.

El 25 de enero de 2022, el gobierno del expresidente Iván Duque sancionó la ley 2197, sobre seguridad ciudadana, en la que se estableció la ausencia de responsabilidad penal en casos donde se actúe en virtud de legítima defensa, la cual se define como el ejercicio desde el cual una persona se defiende ante una agresión inminente e injustificada, pero de una forma proporcional o igual a la amenaza.

Pese a ello, no hay claridad sobre la proporcionalidad de esa defensa. “Ni el Estado, ni los jueces o las autoridades han hecho una pedagogía sobre este marco jurídico, en el cual se debe hacer entender a la ciudadanía que si alguien te está atacando con una piedra no le puedes responder con una pistola, eso no es proporcionalidad”, explicó el profesor Ayala.

El subsecretario Lemos aclaró que “cuando no existe una agresión inminente e injustificada; cuando no se esté cuidando un bien jurídico tutelado por la ley; o cuando no haya una proporcionalidad en el uso de los medios, no podría considerarse que actúa en razón de la legítima defensa, sino que ha tomado la justicia por mano propia y debe enfrentar de manera judicial su accionar”.

“Lo particular de la justicia por mano propia es la paradoja de considerar hacer justicia a un delito mediante la comisión de otro”, afirma Lemos, pues este ciclo de violencia no fortalece el sistema judicial, por el contrario, lo congestiona, dado que “los procesos pasan a considerar dos partes en calidad de víctima: tanto quien inicialmente fue agredido, como quien pasó de ser agresor a víctima de la justicia por mano propia”.

Esto implica mayor debilitamiento para la institucionalidad, y la lleva a “perder legitimidad ante la ciudadanía porque la práctica se vuelve cotidiana y aceptada como una posibilidad de enfrentar el desafío de la inseguridad”, aseguró el profesor Ayala.

Por esta razón estas prácticas no deben ser celebradas, como lo afirma el concejal Bravo, “no deberíamos alegrarnos por esto, pero, lamentablemente, la gente en su defensa propia busca defenderse. Se debe mandar un mensaje contundente y es que las instituciones deben servir y que las sanciones están en manos de las autoridades y no de la gente”.