Las autoridades refuerzan operativos contra extorsión en Tuluá: “Tenemos una disminución del 42% de los casos denunciados”

Los habitantes de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, están atravesando una difícil situación de inseguridad que los mantienen en vilo. Los delitos relacionados con la extorsión parecen no dar tregua, mientras que decenas de comerciantes han decidido cerrar las puertas de sus negocios ante el aumento de las exigencias económicas de diferentes estructuras al margen de la ley que les obligan a un pago a cambio de no atentar contra su vida o patrimonio.

Luego de que el alcalde electo del municipio, Gustavo Vélez, denunciara que el Almacén El Príncipe, con más de 65 años de tradición, paró su actividad comercial por las contantes extorsiones, las alarmas se prendieron frente al tema.

De acuerdo con información del Departamento de Policía Valle, este punto comercial, que también cuenta con un hotel del mismo nombre, cerró sus puertas el pasado sábado 28 de octubre y retornó a sus actividades el jueves 2 de noviembre. Las autoridades aseguraron que los propietarios sufrieron una serie de amenazas que están en investigación, además están tomando todas las medidas de seguridad.

Según información preliminar, las intimidaciones fueron dirigidas a un miembro de la familia y se cree que es una situación particular y no comercial. Por el momento se conoció que está identificada de la banda delincuencial detrás de estos hechos.

Es por ello que el mayor Álvaro Enrique Sánchez Jaimes, comandante del grupo Gaula de la Policía Valle, aseguró que si bien la situación es tensa y compleja, el grupo antisecuestro y antiextorsión está volcando todas sus capacidades para eliminar estos flagelos.

“Nosotros tenemos identificados actores criminales que se dedican a la extorsión en Tuluá. El principal es la Inmaculada o autodenominada Oficina, al mando de alias Pipe, que se encuentra recluido en la cárcel de La Picota, en Bogotá. El segundo actor es una disidencia del Estado Mayor Central, la compañía Adán Izquierdo que delinque por el sector de la cordillera y el otro actor que nos afecta es la delincuencia desde los entornos carcelarios”, explicó.

El uniformado aseguró que privados de la libertad recluidos en las cárceles de Picaleña, en Ibagué; La Dorada, Caldas; de Valledupar e incluso desde Boyacá hacen llamadas telefónicas identificándose como miembros de grupos delincuenciales y piden dinero, generando zozobra no solo en los comerciantes, también en la población en general.

En Tuluá esta actividad delictiva es una situación fluctuante. Si bien ha estado presente durante los últimos años, presenta incrementos y disminuciones de un periodo a otro. “Tenemos una disminución del 42 % de los casos denunciados, 50 casos menos en comparación a la estadística del 2022. El año pasado cerramos con 117 casos denunciados de extorsión, este año vamos por los 67″, indicó Sánchez.

Sin embargo, en 2022 se registró un aumento del 160%, puesto que en 2021 se denunciaron 45 casos. A pesar de las cifras a la baja en 2023, el Gaula de la Policía continúa haciendo campañas de prevención y de denuncia segura en el área comercial del municipio.

Para frenar el actuar criminal de estas estructuras, el comandante de la Policía Valle, el coronel Jesús Enrique Quintero, afirmó que desde que iniciaron las intervenciones en el territorio, del 27 de agosto a la fecha, se ha evidenciado un decremento del 60% en el impacto del delito de la extorsión en los espacios comerciales. “Estamos haciendo un trabajo muy grande para tener el control en estos espacios de comercio, en los horarios de apertura, durante su funcionamiento y sobre todo en el cierre, para que la gente pueda venir con tranquilidad, hacer sus compras y pasearse por el centro de Tuluá”.

Además, la Policía Valle se reunió con Fenalco para conocer novedades y preocupaciones de sus asociados en materia de seguridad, de la misma manera que con la Cámara de Comercio, para generar protocolos en conjunto con el Gaula que permitan atender de manera oportuna cualquier eventualidad relacionada con este crimen.

Esta violación afecta a todos los tulueños, puesto que el cierre del comercio a causa de la inseguridad afecta gravemente la economía, por ello, las autoridades realizan operaciones constantes, en las que se han capturado a 43 personas.

Entre los detenidos, 35 pertenecen al Grupo de Delincuencia Organizada La Inmaculada y cuatro a la compañía Adán Izquierdo. Además, se han realizado 12 intervenciones a centros penitenciarios en los que los cabecillas de las estructuras se encuentran detenidos para que no sigan delinquiendo.

A pesar de las operaciones, el flagelo no para, por ello las autoridades enfatizan en la importancia de denunciar en la línea 165 a estos actores criminales para capturarlos. En lo corrido de 2023, se han realizado 205 jornadas de prevención con campañas como ‘yo no pago, yo denuncio’.