Indepaz alerta un posible incremento de asesinatos de líderes sociales en el año preelectoral en Colombia

Conformado en 1984, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- es una ONG que se ha encargado de llevar el registro de los distintos ataques que ha sufrido la población civil en Colombia en las últimas décadas, a través de su Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, a través de su Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades.

Como resultado de este proceso de análisis, publica periódicamente informes en los que se evidencian falencias estatales y el riesgo en que están comunidades en distintas partes del país.

En el más reciente, publicado hoy y que lleva por nombre ‘Una tendencia que mata: El fracaso del Estado en la protección de los liderazgos sociales’, revela la apremiante situación en la que están líderes sociales en Colombia.

“El análisis anticipa un posible incremento de los asesinatos en diciembre de 2025 frente a años anteriores. Esta tendencia se relaciona con el aumento del riesgo en los periodos preelectorales (2026), lo que evidencia una instrumentalización de la violencia contra líderes sociales como mecanismo de control político y social en contextos electorales”, anuncia el documento.

El análisis hace un recorrido por 9 años, desde el 2016 hasta noviembre de este año, en el que se presenta el número total de líderes asesinados -permitiendo observar que 2018 y 2020 fueron aquellos en los que más muertes hubo. A su vez, las cifras permiten entender cuáles son las regiones que más han sido afectadas por este flagelo. La lista la encabeza Cauca, con 375 muertes, seguidas por Antioquia con 257 , Nariño con 147 y Valle del Cauca con 146.

Entre los sectores que más han sufrido por la violencia de grupos armados se encuentran el comunal, con 470; el indígena, con 371, y el campesino, con 274.

Entre las conclusiones, Indepaz asegura que “la aparente estabilización en las cifras de asesinatos de líderes sociales desde 2016 refleja un fracaso sostenido del Estado en garantizar la vida y la acción política de quienes defienden derechos”.

También solicita que el asesinato a líderes deje de ser visto como un asunto aislado, pues “la recurrencia en los mismos territorios y la persistencia de patrones de victimización indican la existencia de un sistema de violencia estructural donde confluyen la debilidad institucional, la captura del Estado local, la disputa armada por rentas ilegales y la estigmatización de quienes defienden los derechos humanos”.

Con relación a los hechos ocurridos en lo que va del año, añade que “el análisis de 2025 muestra que la aparente estabilidad en las cifras no significa mejora, sino consolidación de un umbral de tolerancia a la muerte. Esta normalización de la violencia implica que la sociedad colombiana ha aprendido a convivir con el asesinato de sus liderazgos como parte del paisaje político”.